La Consejería de la Presidencia, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos, ha presentado las alegaciones en defensa de la constitucionalidad de la última modificación efectuada en marzo en la Ley de Caza de la Comunidad de Castilla y León. El recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza autonómica ha sido presentado por el Defensor del Pueblo, y con su planteamiento se pone en riesgo en un futuro próximo la práctica de esta actividad.

La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, según informa la Junta, "parte del hecho innegable de que es muy importante conservar la fauna silvestre, pero también es necesario compatibilizarla con la preservación de otros intereses generales que garantiza la práctica de la caza, una caza siempre desarrollada de forma legal, responsable y segura".

El director de los Servicios Jurídicos, Luis Miguel González , recuerda que "la caza es determinante para la conservación del patrimonio natural, y no sólo favorece la protección de los ecosistemas, garantizando el equilibrio entre depredadores y presas, sino que evita importantes daños a la fauna protegida, a la seguridad vial, a las economías de los titulares cinegéticos, al empleo, a la agricultura, a la sanidad animal y sector ganadero, o a la salud de las personas". Se apunta que "desde el punto de vista ecológico, la caza ayuda a regular la abundancia de ejemplares de determinadas especies que sería perjudicial para otras especies protegidas. Remarca que, en caso de no desarrollarse actividad cinegética alguna, se producirá el incremento constante, expansivo y colonizador de especies como el ciervo, el corzo, el jabalí, el zorro o el conejo, que suponen un serio hándicap de supervivencia para especies protegidas como el urogallo, el oso pardo o el lince".

Desde el punto de vista humano, para comprender la importancia de la caza en Castilla y León basta con recordar que este deporte es practicado por más de 125.000 cazadores, y que lo realizan sobre unos 5.500 cotos privados de caza. La última modificación de la Ley de Caza se efectuó en marzo de este año 2019, que es la ahora recurrida ante el Tribunal Constitucional, mediante una proposición de ley presentada en las Cortes de Castilla y León, y con ella se incluyó en el propio texto legal un anexo con las especies cinegéticas.

Frente a las objeciones del Defensor del Pueblo, el director de los Servicios Jurídicos considera que la modificación legal efectuada en Castilla y León en absoluto contraviene la legislación básica, establecida en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007, que es competencia exclusiva del Estado, sino que precisamente la da cumplimiento y la complementa, hasta tal punto que el propio Estado, que debería ser la principal Administración defensora del respeto a sus competencias, no ha encontrado en ella vicio de inconstitucionalidad y, por ello, no ha interpuesto recurso alguno.

La modificación de la Ley de Caza ha sido apoyada por la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León y de todo signo político -PP, PSOE y Ciudadanos-, y sin ningún voto en contra, el Defensor del Pueblo ha presentado este recurso de inconstitucionalidad.