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La Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó ayer, viernes, personarse en el proceso abierto por el recurso presentado por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el artículo único y disposición transitoria de la Ley de Caza de la Comunidad, con el objetivo de "defender la regularidad constitucionalidad" de esta norma, según informaron fuentes parlamentarias en un comunicado.
A principios de septiembre se conoció que el TC había admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán,contra varios artículos de modificación de la ley de Caza de Castilla y León aprobada por las Cortes para facilitar la nueva campaña cinegética.
Alegaciones
El Tribunal ordenó dar traslado de la demanda y demás documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, así como a las Cortes y a la Junta de Castilla y León, para que precisamente pudieran personarse y formular las alegaciones que consideraran convenientes.
En concreto, el Defensor del Pueblo entiende que los preceptos impugnados pueden vulnerar lo establecido en cuatro artículos de la Constitución (9.3; 24.1; 45.1, 2 y 3 y 149.1.23).
El pleno de las Cortes aprobó, en la sesión que cerró la pasada legislatura, la proposición de ley que permite que se pueda volver a cazar en Castilla y León y con la que se salva la suspensión cautelar judicial, en una iniciativa sin ningún voto en contra y con la abstención de Podemos. En ese momento, los portavoces de los grupos de la oposición ya advirtieron de que se trataba de un "parche".
Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), anunció en su comparecencia en las Cortes que ya trabajan en la redacción de una Ley de Caza, sin esperar a que se produzca la primera sentencia firme en la materia.
