Las comparecencias ante la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Zamora por los presuntos tratos vejatorios a personal de la residencia de Montamarta siguieron su curso en la última semana del mes de julio y, entre otras, declaró la directora del centro en calidad de "investigada".
La defensa de la máxima responsable del centro resalta que "la directora siempre ha declarado como investigada, y no como testigo", y lo hizo ante el anterior juez y, en esta ocasión, ante la nueva jueza que ha tomado posesión en el Juzgado zamorano. Defiende la letrada de la directora que la comparecencia como investigada "es una garantía legal" para las personas implicadas en el proceso judicial por cuanto que las investigadas "pueden contestar o no responder a las preguntas". Precisa que el anterior juez decidió tomarla declaración como investigada "porque, a priori, la dotaba de mayor garantía".
El alcalde del Ayuntamiento de Montamarta, Benjamín Hernández, del que depende la residencia por ser municipal, señaló, por su parte, que el Juzgado ha desestimado toda actuación judicial contra el Ayuntamiento, "que ha quedado fuera de toda responsabilidad" en el presente estado procesal. Apuntó, sobre el particular, que el Equipo de Gobierno "lo que quiere es que se esclarezca todo y, en este momento, está a la espera de las decisiones judiciales". "Cuando haya una sentencia el Ayuntamiento tomará las medidas" expresó el regidor municipal. Asimismo, la defensa de una de las denunciadas por presuntas vejaciones en el centro de Montamarta subraya que en el caso existe "un problema político subyacente".
Es de señalar que la denuncia ante la Fiscalía fue interpuesta, en principio, por el concejal socialista R. C., en base a las aportaciones facilitadas por trabajadoras de la residencia.
El letrado que representa a una de las investigadas sostiene que "como máximo, hubo un tono inadecuado, de palabra, pero nada de responsabilidad penal". Hizo hincapié en que en el descargo de la Guardia Civil se reflejó una sobrecarga de trabajo y una sobresaturación en relación al personal, de ahí que defendamos la inocencia frente a malos tratos". Fuentes de la parte denunciante afirman que a lo largo de la última semana del mes de julio se presentaron en el Juzgado número 2 de Zamora "nuevos audios de mano de un familiar".
El procedimiento judicial está en estos días paralizado por ser agosto un mes "inhábil" por motivos vacacionales.
Por su parte, también se pone de manifiesto que "las cuatro trabajadoras testigos" que han dado fe de los hechos, una enfermera y tres auxiliares, en la actualidad "dos han pedido el cese de la empresa y las otras dos se encuentran de baja".
