UPA de Castilla y León considera que la Fiscalía debe actuar de oficio ante "la inacción que está demostrando la Junta de Castilla y León" en los casos de superpoblación de topillos y de transmisión de la tularemia que ya ha afectado a varios agricultores y ganaderos en la comunidad.

La organización agraria acusa a la Junta de Castilla y León de no hacer nada por atajar la superpoblación de topillos en la provincia de Palencia especialmente, ya que esta podría ser la causa de que sigan apareciendo incidencias de tularemia en humanos. A día de hoy, son trece los casos en la comunidad, un número que podría ir en aumento si no se frena la plaga de topillos.

El sindicato agrario, según manifiesta en un comunicado, "lamenta la falta de actuaciones por parte del gobierno autonómico a pesar de que desde hace semanas llevamos denunciando que son demasiados los casos de tularemia, provocada seguramente por la plaga de topillos que se están detectando". Desde UPA llevan varias semanas denunciando la plaga de estos roedores, cuyo origen ha sido Tierra de Campos como ocurrió en el año 2007, y que está generando pérdidas a los agricultores de la zona y que además amenaza con expandirse como ya ocurriera hace una década.

En el pasado mes de junio, la Unión de Pequeños Agricultores reclamó al gobierno regional que actuara sin demora y "coordinara a través de las Consejerías de Agricultura y Sanidad un protocolo de actuación para prevenir más casos de esta enfermedad que se transmite por vía respiratoria y por contacto". A día de hoy, según denuncia UPA, nada se ha hecho al respecto.

Por este motivo, la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla y León considera que "debe ser la Fiscalía la que tome cartas en el asunto ante un posible delito contra la salud pública", y por eso "debe velar porque se cumpla la ley en interés de toda la sociedad, en este caso especialmente de la población del medio rural, y de los profesionales de la agricultura, los más expuestos a esta enfermedad" tal y como señalan en un comunicado. Desde el sindicato agrario se pide que la Fiscalía actúe de oficio para frenar esta problemática que puede ir a más en los próximos meses si no se toman medidas.

La organizacion considera que la inacción del gobierno autonómico podría ser "constitutivo de delito por no tomar medidas de higiene y limpieza en zonas y reservorios donde estos roedores se multiplican a gran velocidad", y con su expansión se puede potenciar el desarrollo de la tularemia entre humanos, que ya se ha cobrado 13 afectados en la comunidad aunque podrían ser más al presentar unos síntomas parecidos a los de otras enfermedades comunes y no tener diagnóstico hasta días más tarde de contraerla.

UPA lamenta que no se actúe en defensa de la población del medio rural como el caso exige, y "sin embargo cuando por ejemplo se produce el accidente de una cigüeña o de un lobo se pongan sin reparo alguno todos los recursos públicos en forma de Medio Ambiente, Protección Civil e incluso Bomberos, si es necesario".