16 de julio de 2019
16.07.2019
Tierra del Pan

La Audiencia archiva la causa contra la anterior alcaldesa de Montamarta

La resolución judicial esgrime que los concejales de la oposición debían haber acudido a la vía contencioso administrativa

15.07.2019 | 19:46
Cristina Folgado Gago.

La Audiencia Provincial de Zamora ha archivado definitivamente la denuncia interpuesta por tres concejales del PSOE y uno no adscrito contra la anterior alcaldesa Montamarta.

La oposición denunció en el pasado mes de octubre a la entonces alcaldesa, Cristina Folgado Gago, ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora al entender que se había producido una "constante vulneración de sus derechos" durante las últimas sesiones plenarias.

En el escrito que dirigieron el pasado año acusaban a la alcaldesa de Montamarta de haber "impedido el ejercicio de los derechos cívicos". El documento estaba firmado por los tres ediles del PSOE y por el concejal no adscrito Pablo Amigo. La alcaldesa, Folgado Gago, de Unidos por Montamarta, gobernaba en minoría gracias al apoyo de los dos ediles del Partido Popular.

Los denunciantes señalaban "irregularidades acontecidas en el pleno extraordinario del pasado 29 de agosto y en la sesión del 26 de septiembre. Según el escrito dirigido al ministerio público, en la sesión del 29 de agosto estaba previsto que se aprobase el acta de la sesión anterior y el examen de las alegaciones presentadas por un vecino del municipio a los Presupuestos Generales del Ayuntamiento para el ejercicio 2018. En el inicio de dicho pleno, el portavoz socialista presentó alegaciones al acta de la sesión plenaria anterior. La oposición explica en su escrito que la alegaciones de Conde fueron rechazadas por la alcaldesa sin ser sometidas a votación.

El auto dictado por la Audiencia viene a confirmar el ya dictado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Zamora. Ambas resoluciones confirman que por la alcaldesa saliente no se han vulnerado los derechos de los denunciantes, destacando que no cabe pretender que exista delito cuando se desestiman peticiones de los concejales presentadas "sin dar tiempo material a informar sobre su legalidad". En todo caso, destacan las resoluciones, no se han vulnerado los derechos políticos de los denunciantes, debiendo estos en su caso haber acudido a la vía contencioso administrativa para debatir la legalidad o no de sus propuestas, pero nunca a la vía penal interpuesta.

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