UPA Castilla y León considera que la Fiscalía debería actuar de oficio ante la inacción que está demostrando la Junta de Castilla y León por atajar la superpoblación de topillos en la provincia de Palencia, que podría ser la causa de que sigan apareciendo incidencias de tularemia en humanos. A día de hoy, son trece los casos.
La organización,según manifiesta en un comunicado, "lamenta la falta de actuaciones por parte de Gobierno autonómico a pesar de que desde hace semanas llevamos denunciando que son demasiados los casos de tularemia, provocada seguramente por la plaga de topillos que se están detectando y cuyo origen ha sido Tierra de Campos, como ocurrió en el año 2007".
Días atrás UPA reclamó al Gobierno regional que actuara sin demora y coordinara a través de las Consejerías de Agricultura y Sanidad un protocolo de actuación para prevenir más casos de esta enfermedad que se transmite por vía respiratoria y por contacto. A día de hoy, nada se ha hecho al respecto.
Por este motivo, UPA considera que debe ser la Fiscalía la que tome cartas en el asunto ante un posible delito contra la salud pública, y por eso debe velar porque se cumpla la ley en interés de toda la sociedad, en este caso especialmente de la población del medio rural, y de los profesionales de la agricultura, los más expuestos a esta enfermedad.
La organizacion considera que la inacción del Gobierno autonómico podría ser constitutivo de delito por no tomar medidas de higiene y limpieza en zonas y reservorios donde estos roedores se multiplican a gran velocidad, y con su expansión se puede potenciar el desarrollo de la tularemia entre humanos.
UPA lamenta que no se actúe en defensa de la población del medio rural como el caso exige, y sin embargo cuando por ejemplo se produce el accidente de una cigüeña o de un lobo se pongan sin reparo alguno todos los recursos públicos en forma de Medio Ambiente, Protección Civil e incluso Bomberos, si es necesario.
De ahí que la organización se pregunte una vez más, y no tenga respuesta, a por qué no se hace nada desde las autoridades competentes cuando de lo que además estamos hablando es del peligro de que los agricultores puedan contraer enfermedades.
