La Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León declaró oficialmente constituida la Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste el día 27 de febrero de 1995, aprobándose simultáneamente los estatutos por los que se habría de regir.

Desde su fundación, hace la 24 años, la Mancomunidad ha contado con tres presidentes: el primero y fundador fue Aurelio Tomás Fernández (entonces alcalde de Pozuelo y diputado provincial por la zona tabaresa, retirado de la política activa el pasado 26 de mayo de 2019), luego José Ramos San Primitivo (Tábara) en dos períodos diferentes), y Gregorio José San Pedro (Ferreras de Abajo).

La agrupación de municipios se centra casi exclusivamente en la recogida, transporte, vertido y reciclaje de residuos sólidos urbanos (llegó a contar con un vertedero propio en Losacio de Alba) y en este sentido no ha evolucionado a pesar de que sus fines estatutos se lo permiten.

Entre los fines incluidos en sus estatutos que la Mancomunidad Tierra de Tábara nunca ha afrontado están, ente otros muchos, "Protección Civil, prevención y extinción de incendios, protección de la salud pública; servicios sociales y promoción y reinserción social; fomento del sector agrícola, vinícola, ganadero y forestal; y protección del medio ambiente y, en general, conservación de la naturaleza" o "Participación en la gestión de loa atención primaria de salud". Entre sus fines está la conservación de caminos y vías rurales y en este sentido si cuenta con un tractor con desbrozadora que suele trabajar por los pueblos agrupados en otoño e invierno.

A la hora de fundar la Mancomunidad la Junta de Castilla y León echó para atrás una vez su constitución: se había incluido como integrante al municipio de Ferreruela de Tábara, cosa que se le obligó a corregir pues oficialmente dicho ayuntamiento, así se le informó desde la Administración regional, es "Ferreruela" a secas, no de Tábara.

Uno de los grandes problemas aes el camión utilizado para la recogida de basuras que es demasiado viejo y de averiarse puede obligara a comprar uno con fondos propios o aportados por lo municipios.