El Servicio de Bienestar Social de la Diputación reclama a una vecina de El Puente de Sanabria los 600 euros de la prestación económica de alimentación, solicitada en junio de 2018 y aprobada en agosto. La institución ha concedido un plazo improrrogable de 15 días para que presente las facturas que a fecha 4 de junio no se había efectuado.
Inmaculada Concepción, nombre ficticio para preservar su intimidad, no ha podido presentar las facturas de las compras que justifican el gasto, aunque sí conserva todos los "tickets" de compra. Los tickets no sirven ante la administración para acreditar que esos 600 euros, 100 euros por mes, se han dedicado a la compra de alimentos. "Nada. No tengo nada. No sé lo que van a hacer ¿Cómo no me embarguen a mí?" afirma la afectada. Reconoce que "estoy desnutrida y he perdido 28 kilos".
La Diputación comunicó por carta la concesión de una prórroga para que presentara las facturas pero al trascurrir varios meses, los establecimientos no hacen factura de esos recibos. Además "la vergüenza que tienes que pasar para dar todos tus datos y decir que es para justificar que te están dando una ayuda para que puedas comer y que se entere todo el pueblo". Muchas de las compras son de escasa cuantía, como la barra de pan, el cartón de leche, frutas y verduras. Parte de estas adquisiciones se efectuaron en los puestos ambulantes del mercado semanal de los lunes "a ver qué vendedor del puesto te hace una factura por un kilo de fruta" se lamenta Inmaculada Concepción. Para colmo, el supermercado donde adquiría los productos de primera necesidad ha cerrado por un concurso de acreedores en Verín, donde estaba radicada la empresa.
Una de las enfermedades le impide salir de casa, por eso depende para hacer los recados de terceras personas, en particular de una vecina cercana. Con frecuencia en un ticket además de leche, huevos o carne hay productos que no entran como el agua o el papel higiénico. Esta mujer no tiene ningún ingreso económico y se encuentra en una situación muy difícil hasta el punto de que no puede comprar las medicinas para las enfermedades que tiene diagnosticadas "me las paga Cáritas". Las facturas mensuales de luz y de la línea de teléfono fijo se las pagan un familiar y una amiga. De Cruz Roja recibe alimentos no perecederos pero no alimentos frescos.
Inmaculada Concepción es conocedora de otros casos de su etapa laboral en la que había gente mayor que pasaba necesidades pero que "por vergüenza" no pedían comida ni a Cáritas ni a Cruz Roja. "En los pueblos es donde la pobreza es peor" y "por vergüenza". A ello hay que sumar que solicitar estas ayudas es complicado para una persona mayor "por la cantidad de papeles que tienes que presentar". A sus 60 años no cobra pensión alguna y para percibir ayuda familiar "tengo que estar apuntada al paro, pero no puedo porque si me llaman a trabajar de lo mío -tiene formación cualificada- no puedo ir al puesto de trabajo porque estoy enferma y me penalizan". Estos últimos días no se ha podido levantar de la cama por un cólico y no ha podido comprar ninguno de los tres medicamentos que le recetaron.
