La incertidumbre que pesa sobre la práctica de la caza en Castilla y León, inmersa en recursos y procesos judiciales que mantienen al sector en vilo, es una cuestión que los cazadores esperan que quede resuelta "rápido" con la formación del nuevo Gobierno regional y la aprobación de una nueva Ley de Caza.

El delegado provincial de Zamora, José Antonio Prada, afirma que existe "el compromiso" de la Consejería de Medio Ambiente de sacar adelante la normativa y resalta el hecho de que estén de acuerdo las formaciones políticas del PP, Ciudadanos y del PSOE, e incluso piensa que también Podemos. "No importa quien gane las elecciones porque en elaborar una nueva Ley de Caza están de acuerdo los partidos" expresa Prada.

Pone de relieve que la normativa deberá asentarse en unos fundamentos sólidos y con base jurídica para evitar sentencias judiciales contrarias en base a que los informes sobre las poblaciones de las especies cazables carecen de rigor o están desfasados. Subraya que la voluntad del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) es la suspensión definitiva de la caza y reitera que "si faltan los cazadores la Administración deberá crear un cuerpo de funcionarios para controlar a la fauna, que deberemos pagar todos".

El último episodio judicial tiene que ver con la providencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, emitida el pasado 7 de mayo, pero dada a conocer el jueves, por el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado traslado a las partes (PACMA y Junta de Castilla y león) y al Ministerio Fiscal para que se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza, recientemente aprobada en el Parlamento autonómico, después de que el Alto Tribunal suspendiera cautelarmente la normativa anterior. En ella pone de manifiesto que está pendiente de resolver el recurso de reposición interpuesto por la Administración de la comunidad contra el auto de fecha 21 de febrero de 2019, que acuerda la medida cautelar del Decreto que regula la conservación de especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.

Como preceptos constitucionales que podrían resultar infringidos señala el "ejercicio de la potestad jurisdiccional y el principio de separación de poderes", que se produce "porque el legislador ha otorgado fuerza de ley a la regulación contenida en una norma reglamentaria, de modo que los tribunales nada pueden decidir sobre el mantenimiento o revocación de la medida cautelar y sobre su ejecución". "Los argumentos empleados para la adopción de la medida cautelar carecen de sentido al estar ahora regulada la caza en una norma con rango de ley" añade.

Otra infracción tiene que ver con "la arbitrariedad de los poderes públicos, que se produce porque no consta justificación alguna para modificar la colaboración entre la ley, reglamento y orden, resultante resultante de la Ley de 1996". El TSJ también cree que se vulnera "el derecho a la tutela judicial efectiva y obligado cumplimiento de las resoluciones judiciales". La sala entiende que "la modificación legislativa exonera a la Administración de cumplir el auto, ya que no puede ejecutarse la suspensión de las disposiciones de una norma reglamentaria cuando éstas ya no existen en cuanto tales, y con ello se lesiona igualmente el derecho de la parte actora a que dicha resolución se lleve a efecto y, en su caso, se controle jurisdiccionalmente todas las incidencias derivadas de su correcta ejecución.

El consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones ha explicado que lo que ha hecho el TSJ es abrir un "trámite de alegaciones a las partes".El vicepresidente y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, dice que "alguien" deberá explicar por qué se cuestiona la caza'.