La práctica de la caza en la comunidad de Castilla y León no es una cuestión superada y su ejercicio o suspensión todavía está pendiente de la resolución de los tribunales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado traslado a las partes (PACMA y Junta de Castilla y león) y al Ministerio Fiscal para que se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza, recientemente aprobada en el Parlamento Autonómico, después de que el Alto Tribunal suspendiera cautelarmente la normativa anterior.

Recuerda el TSJ que esa suspensión cautelar está pendiente de ser confirmada o revocada por la Sala, que tiene que resolver el recurso de reposición interpuesto por la Administración Autonómica.

La modificación de la Ley de Caza, a juicio de los Magistrados, podría impedir la ejecución y cumplimiento por parte de la Administración de la anterior resolución judicial por la que se suspendía cautelarmente la práctica de la caza en Castilla y León y condicionar la resolución de ese recurso contra la suspensión interpuesto por la Administración.

Ante esta situación, la Sala dictó el pasado día 7 de mayo una providencia en la que pregunta a las partes y al Ministerio Fiscal si procede elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en la medida en que "la resolución del recurso de reposición se ve afectada por el nuevo marco normativo surgido con la modificación de la Ley de Caza y no puede ser desconocido a la hora de resolver el citado recurso de reposición, porque la medida cautelar se proyecta hacia el futuro, durante la sustanciación del proceso".

Esta providencia es un trámite obligado y no prejuzga la decisión final que adopte la Sala tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal.

El Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) hizo público ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León "ha vuelto a dar la razón" a Pacma. Según comunica, los magistrados de esta Sala consideran que "la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aprobada deprisa y corriendo como artimaña para contentar a los cazadores, vulnera la Constitución".

Es por ello que el Superior "considera procedente la tramitación desde dicho Tribunal de una cuestión de inconstitucionalidad, y dará traslado de la misma al máximo tribunal garante de la observancia de la Constitución".

El Partido Animalista subraya que "el pasado mes de febrero el Tribunal Superior admitió las medidas cautelares solicitadas por Pacma y suspendió la actividad cinegética en toda la comunidad autónoma al considerar que la fauna silvestre, «el interés más sensible, más frágil y vulnerable y, por ello, más necesitado de protección estaba en peligro por la práctica de la caza".

Añade este colectivo que "tras esta victoria sin precedentes, que por primera vez llevaba a los tribunales la violenta actividad de los cazadores que desde Pacama llevamos años denunciando, las Cortes de Castilla y León aprobaban una modificación de la Ley de Caza para saltarse la decisión judicial". Indica, además que "con esta maniobra los partidos políticos representados demostraron su absoluto desinterés en la protección de los animales y el entorno natural y se rindieron a las presiones de los cazadores".

Entonces el colectivo animalista puso de manifieto que "esta artimaña, por la puerta de atrás, era una burla al sistema judicial y que esta nueva ley incumplía igualmente las directivas europeas que vulneraban el reglamento y la orden de caza suspendidos". Recalca que "ahora, el TSJ da la razón de nuevo al Partido Animalista y pedirá al Tribunal Constitucional que se pronuncie por la posible inconstitucionalidad de la ley de caza de Castilla y Léon·. Además, informa, "la solicitud interpuesta por Pacma en la Oficina del Defensor del Pueblo continúa su curso".

"Nuestra perseverancia pone a prueba a quienes sustentan políticamente a los cazadores y demuestra que los partidos representados en las Cortes de Castilla y León trabajan para preservar las actuaciones ilegales de la Junta de Castilla y León en materia de caza".

Suárez-Quiñones

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, según informa Efe, ha desmentido la información difundida por el Pacma sobre que el TSJCyL haya ordenado la suspensión de la caza en CyL al plantear una cuestión de inconstitucionalidad, ya que lo que realmente ha hecho el Alto Tribunal castellanoleonés es abrir un trámite de alegaciones y consultas a las partes.

Así lo ha manifestado Suárez-Quiñones sobre la información difundida el jueves por el Pacma sobre que el TSJCyL les ha dado la razón al considerar que la modificación de la Ley de Caza de Castilla y León, aprobada en el último Pleno de las Cortes, "vulnera la Constitución".

Al respecto, el consejero de Medio Ambiente ha subrayado que lo que ha hecho el Pacma es "falsear" y dar una "noticia falsa" al tiempo que ha precisado que ya está "acostumbrado" a que esta formación "desvirtue y falsee" las acciones judiciales "para plantear una realidad que no existe", por lo que ha querido denunciar esta situación.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha explicado que lo que ha hecho el TSJCyL es abrir un "trámite de alegaciones a las partes" sobre qué opionan de esta posibilidad, y ha dado audiciencia tanto al Pacma como a la Junta, a lo que el Gobierno regional responderá "con unos informes que son absolutamente negativos ya que no cabe plantear ese trámite de inconstitucionalidad", ha señalado el consejero.

En este sentido, Suárez-Quiñones ha precisado que Pacma "dirá lo que diga" sobre esta consulta pero ha insistido en que "no hay ninguna decisión" del TSJCyL, una decisión que se tendrá que plasmar en un auto, que puede ser recurrido.

Por ello, el consejero ha aseverado que la caza está vigente en Castilla y León al tiempo que manifestado al posición "determinante" de la Administración "para evitar un enorme perjuicio", no sólo desde el punto de vista económico, sino "fundamentalmente" desde el punto de vista de la sanidad animal, la salud pública, y el sostenimiento de las especies, "que es lo que tendría que defender este partido", ha concluido Suárez-Quiñones. Santiago-Juárez

El vicepresidente y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado que "no tiene dudas" de que la caza se mantendrá en la Comunidad y ha considerado que "alguien" deberá explicar por qué se cuestiona la actividad en Castilla y León y no en otros territorios, según informa Efe.

El portavoz de la Junta se ha referido a este asunto después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) haya dado traslado al PACMA, la Junta y al Ministerio Fiscal para que se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Caza, recientemente aprobada en el Parlamento Autonómico, después de que el Alto Tribunal suspendiera cautelarmente la normativa anterior.

Así, De Santiago-Juárez ha considerado "absurdo" que se pueda cazar en otros territorios y que se prohíba en Castilla y León. "Alguien lo tendrá que explicar, hablamos de despoblación y de fijar población y ahora queremos quitar la caza", ha lamentado, tras lo que ha asegurado que si es necesario elaborar otro Proyecto de Ley para garantizar la actividad se hará porque "no se va a consentir" que se paralice la actividad.

"Algunos solo van al medio rural en elecciones, hablan de dar riqueza y quitan la caza, nosotros respetamos las decisiones judiciales pero alguien tendrá que explicar por qué ocurre esto en castilla y León", ha concluido.