La práctica de la caza en la comunidad de Castilla y León no es una cuestión superada y su ejercicio o suspensión todavía está pendiente de la resolución de los tribunales.

El Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) hizo público hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León "ha vuelto a dar la razón" a Pacma. Según comunica, los magistrados de esta Sala consideran que "la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aprobada deprisa y corriendo como artimaña para contentar a los cazadores, vulnera la Constitución".

Es por ello que el Superior "considera procedente la tramitación desde dicho Tribunal de una cuestión de inconstitucionalidad, y dará traslado de la misma al máximo tribunal garante de la observancia de la Constitución".

El Partido Animalista subraya que "el pasado mes de febrero el Tribunal Superior admitió las medidas cautelares solicitadas por Pacma y suspendió la actividad cinegética en toda la comunidad autónoma al considerar que la fauna silvestre, «el interés más sensible, más frágil y vulnerable y, por ello, más necesitado de protección estaba en peligro por la práctica de la caza".

Añade este colectivo que "tras esta victoria sin precedentes, que por primera vez llevaba a los tribunales la violenta actividad de los cazadores que desde Pacama llevamos años denunciando, las Cortes de Castilla y León aprobaban una modificación de la Ley de Caza para saltarse la decisión judicial". Indica, además que "con esta maniobra los partidos políticos representados demostraron su absoluto desinterés en la protección de los animales y el entorno natural y se rindieron a las presiones de los cazadores".

Entonces el colectivo animalista puso de manifieto que "esta artimaña, por la puerta de atrás, era una burla al sistema judicial y que esta nueva ley incumplía igualmente las directivas europeas que vulneraban el reglamento y la orden de caza suspendidos". Recalca que "ahora, el TSJ da la razón de nuevo al Partido Animalista y pedirá al Tribunal Constitucional que se pronuncie por la posible inconstitucionalidad de la ley de caza de Castilla y Léon·. Además, informa, "la solicitud interpuesta por Pacma en la Oficina del Defensor del Pueblo continúa su curso".

"Nuestra perseverancia pone a prueba a quienes sustentan políticamente a los cazadores y demuestra que los partidos representados en las Cortes de Castilla y León trabajan para preservar las actuaciones ilegales de la Junta de Castilla y León en materia de caza".

La verdad es que prácticamente todos los grupos parlamentarios consideraron que la modificación de la Ley de Caza aprobada en las Cortes, en la última sesión plenaria de la finalizada legislatura, era un trámite y que es necesario volver sobre la Ley de Caza una vez constituidas unas nuevas Cortes tras el 26 de Mayo.