La Guardia Civil de Zamora investiga a 16 personas como presuntos autores de varios delitos derivados de la comercialización de carne de caza mayorabatida mayormente en la sierra de la Culebra o entornos de la reserva. Son delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, intrusismo profesional , falsificación documental y relativo a la flora y fauna.
Las investigaciones, según informa la Benemérita, comenzaron a mediados de diciembre de 2017 cuando componentes del Seprona realizan una serie de inspecciones relacionadas con la compra y venta de la carne y la trazabilidad en el proceso de los animales abatidos en cacerías y monterías de la provincia.
En estas inspecciones se hace especial hincapié en la zona de la Sierra de la Culebra, donde se investiga si por parte de cazadores, veterinarios colaboradores, compradores, trasporte y centros de transformación para su posterior venta, están actuando conforme a la normativa legal, en prevención a un daño irreparable contra la población de estas especies o lo que pudiera ser aun peor, que esta carne llegara a la cadena alimentaría sin cumplir la trazabilidad y los controles sanitarios pertinentes.
Como consecuencia que en la referida temporada de caza mayor, se estaban abatiendo un número de piezas muy superior al de otros años, se inician una serie de actuaciones y controles sobre cazadores y empresas que se dedican a la gestión y compra venta de este tipo de carne.
Visto el resultado, la Guardia Civil se llega a la conclusión de la existencia de una organización delictiva, donde una parte se dedicaba a la caza ilegal de piezas de caza mayor, y otra a la legalización de la carne obtenida de manera fraudulenta, obteniendo un gran rédito económico, causando a su vez daños económicos a los cotos de caza legalmente establecidos. (Organización que incluye: cazadores, veterinarios colaboradores y empresas de compra y trasporte y empresas de trasformación).
Los cazadores que de forma furtiva o amparados por precintos legales cazaban una cantidad mayor de las permitidas, una vez abatidas la piezas, las legalizaban introduciéndolas en la junta de carne de cacerías o monterías legales con la colaboración de los gestores de los cotos organizadores de esos eventos.
Estas piezas eran supuestamente validadas por los veterinarios que no se encontraban presentes en la mayoría de las cargas, a su vez, la empresa encargada de la recogida de la carne, disponía de precintos sanitarios y declaraciones de trasporte, sellados y firmados en blanco, los cuales eran rellenados el día de la carga por personal no autorizado.
Por parte de la Guardia Civil se localizaron declaraciones de carne de caza con numerosos precintos duplicados y habiéndose declarado un trasporte con números de precintos que habían sido anteriormente intervenidos por la Guardia Civil. Posteriormente, las empresas cárnicas se hacían con las canales de los animales abatidos para su gestión y puesta a la venta de forma legal, siendo introducidos en la cadena alimenticia sin las garantías sanitarias suficientes. La valoración económica: según el valor cinológico de las especies cinegéticas podría alcanzar 1.154.538 euros . Solo en los meses de enero y febrero fueron abatidos más de medio millar de piezas de caza mayor, especialmente hembras, (cérvidos jabalíes y corzos).
