El Ayuntamiento de Montamarta respondía ayer a las noticias publicadas esta semana en medios de todo el país sobre los audios que recogen los tratos vejatorios propinados, presuntamente, por dos cuidadoras de la residencia de ancianos de titularidad municipal que hay en este pueblo de Zamora, grabaciones cuyo contenido difundía en primicia este diario el pasado miércoles. La alcaldesa, Cristina Folgado Gago, el teniente de alcalde y concejal de Servicios Sociales, Benjamín Hernández Nieto, y la directora del centro, Verónica Rodríguez, firman un comunicado en el que anuncian que se apartará a las trabajadoras denunciadas hasta que concluya la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, y en el que insisten reiteradamente en que ninguno de los tres conocía estos hechos hasta el momento en el que se presentó la denuncia. Además, los tres responsables de la residencia apuntan a que si las vejaciones se vienen produciendo desde hace más de tres años, las trabajadoras que las han denunciado "podrían tener consecuencias en cuanto a la omisión de socorro de las personas afectadas".
La alcaldesa, el concejal y la directora de la residencia de Montamarta comienzan remarcando que "de ser ciertos los hechos que están siendo objeto de investigación por la Fiscalía y de los que esta administración no tiene conocimiento oficial, se trata de comportamientos puntuales aislados (...) muy alejados de la realidad diaria de esta institución que presta un servicio de excelencia y cuenta con un equipo de profesionales cualificados y con una calidad humana insuperable" y que si se demuestran "tendrán su correctivo ejemplar".
A continuación, expresan que se encuentran "profundamente consternados" por esas grabaciones de las cuales "en ningún momento con anterioridad a esta denuncia presentada en la Fiscalía hemos tenido constancia por parte de las personas que ahora denuncian los hechos".
En tercer lugar, debido a que los hechos descritos en los medios "pudieran ser graves", el Ayuntamiento y la dirección de la residencia anuncian que "se van a tomar las medidas laborales pertinentes para apartar a las trabajadoras denunciadas a cautela de su puesto hasta que concluya la investigación esclareciendo los hechos".
Para seguir, los tres firmantes del comunicado recalcan que "en ningún momento ha habido mala fe ni dejación de funciones" por su parte "pues nos ha sorprendido la noticia dado, reiteramos, que en ningún momento hemos tenido conocimiento de tales actos por parte de las trabajadoras que ahora los denuncian, ni se ha dejado constancia de dichos presuntos actos en el libro de incidencias del que dispone el centro, ni en el Ayuntamiento, donde no hay nada registrado, ni quejas, ni denuncias, de forma que si se han producido durante todo este tiempo y eran sabedoras de los sucedido, tales actos podrían tener consecuencias en cuanto a la omisión de socorro de las personas afectadas", y añaden que "seguimos sin entender si estos hechos se saben desde hace más de tres años, por qué nadie los ha puesto en conocimiento ni del Ayuntamiento, ni de Servicios sociales, ni de ningún otro organismo y solo ahora a dos meses de las elecciones se presenta la denuncia".
Además, el Ayuntamiento y la dirección del centro afirman que "hemos recibido apoyos por parte de familiares y residentes válidos, los cuales estarían dispuestos a manifestar sus experiencias personales y el trato que reciben en el centro, el cual lo califican de excelente".
Al hilo de lo anterior, los responsables municipales y de la residencia de ancianos creen que la denuncia viene motivada por intereses políticos, como ya apuntaba Benjamín Hernández en este diario, en su edición de ayer: "Que en época electoral el concejal de la oposición, Rogelio Conde, así como las trabajadoras adheridas a la denuncia, hayan sacado a la luz estos hechos, los cuales según ellos se llevan produciendo desde hace tres años, nos hace pensar que todo esto tiene un trasfondo y oportunismo político, en especial las últimas declaraciones. Queremos recordarle al portavoz de la oposición que tanto se preocupa por los residentes, que estuvimos sin caldera en la residencia bastante tiempo, ya que ellos votaron en contra de que se instalara otra, estando averiada la que había y tuvimos a los residentes sin agua caliente y calefacción algún tiempo, constando en el acta del pleno de esa sesión lo que implicaría para los residentes no tener una caldera funcionando perfectamente. Lo único que buscaban es el bloqueo constante contra este equipo de gobierno y su gestión".
Sobre su mala relación con la oposición, desde el equipo de gobierno recuerdan que "Rogelio Conde, los concejales socialistas y el concejal no adscrito han puesto ante la Fiscalía varias denuncias por prevaricación administrativa contra la alcaldesa, las cuales se han desestimado en todas sus partes y se han archivado.
Concluye el comunicado diciendo que tanto la alcaldesa como el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Montamarta y la Dirección del centro muestra "su profundo rechazo a cualquier conducta inapropiada respecto a los residentes, adoptando en su caso las medidas pertinentes, si bien siempre dentro del respeto a la presunción de inocencia y a la tarea de investigación que se está desarrollando; mostrando igualmente nuestro rechazo a la utilización espuria de unos hechos de por sí -de ser ciertos- dolorosos y lamentables que para nada favorecen a la imagen de nuestro pueblo".
