Los Ayuntamientos de Sanabria, como el de Hermisende, intensifican estos días la búsqueda de información ante la circular remitida por la Federación Española de Municipios y Provincias, sobre la obligatoriedad de realizar planes de prevención de incendios forestales. La FEMP informa del seguimiento que va a realizar la Fiscalía de Medio Ambiente sobre los municipios con mayor incidencia.

La Federación alerta a las alcaldías de que "no se oculta la posibilidad de que la ausencia de un plan de prevención de incendios pueda ser objeto de análisis desde el punto de vista causal en una investigación penal concreta, en la medida en que se pueda llegar a valorar como un factor coadyuvante en la producción, extensión o difusión de un incendio forestal concreto".

La comunicación a los Ayuntamientos que registran mayor número de incendios, ha provocado confusión entre los alcaldes que piden "que se nos aclare si vamos a incurrir en algún tipo de responsabilidad, cuando la gestión forestal es una competencia que llevan ellos" en afirmaciones de José Ignacio González Nieto, alcalde del municipio de Hermisende, y en alusión a la gestión forestal asumida por la Junta de Castilla y León. De hecho cualquier para cualquier actividad que se desarrolle en zonas forestales "tenemos que pedir permiso".

En el caso de Hermisende hay montes consorciados plantados de monocultivo de pino que gestiona la administración autonómica, además de montes en Mano Común que gestionan las Juntas Vecinales. José Ignacio González indica además que "hemos preguntado a las Asociaciones de propietarios forestales y tampoco saben qué hay que hacer".

La FEMP ha dado cuenta del oficio remitido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del pasado 30 de enero, del expediente sobre la situación y seguimiento de los Planes de Prevención de Incendios forestales, para prevenir la aparición de incendios forestales y que obliga a todos los consistorios.

La Fiscalía General del Estado de medio ambiente y urbanismo, con el objetivo de prevenir la aparición y producción de incendios forestales, se planteó, en la primera mitad del año 2018, la apertura de un expediente con objeto de conocer la situación los planes de prevención de incendios forestales, a los que están obligados los Consistorios españoles.

Esa iniciativa se adoptó con base en la existencia de un informe recibido en la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado sobre "La previsibilidad de ocurrencia de incendios forestales en España durante la campaña de verano de 2018", de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A partir de este informe la Fiscalía centró la atención en aquellos Municipios situados en zonas en las que, partiendo del informe referido, existía previsibilidad de incendios y en los que los mismos se hubieran producido ya con anterioridad.

El Ministerio Público trataba de "saber si realmente se cumple o no esa obligación legal en los Municipios en los que se dieran esas circunstancia y lo hacíamos legitimados por el hecho de que los incendios forestales pueden constituir un delito contra la seguridad colectiva y, en última instancia, contra el medio ambiente".

De acuerdo a las legislaciones autonómicas, cuya competencia dimana del artículo 148 de la Constitución, todos los municipios con superficie forestal deberán redactar su correspondiente plan de prevención de incendios, un documento en el que se regulan las actividades y usos susceptibles de generar un incendio forestal y se diseñan las infraestructuras de prevención necesarias al respecto.

El plan de prevención de incendios tiene como objetivos principales disminuir la probabilidad de que se produzca un incendio, minimizar los tiempos de detección y respuesta y reducir la peligrosidad del incendio una vez declarado. Todos estos factores a día de hoy se ejecutan por parte de la Comunidad a través del Infocal.