09 de abril de 2019
09.04.2019
La Opinión de Zamora

Naturalistas ven "incomprensible" que se puedan cazar corzas embarazadas o con crías

Piden al Defensor del Pueblo que recurra la nueva Ley de Caza de Castilla y León

08.04.2019 | 20:49
Un corzo cruza veloz la carretera para adentrarse en la vegetación de San Martín del Terroso.

La Asociación Nacional para la Protección de la Naturaleza y el Bienestar de los Animales (Anpba) ha expresado su preocupación "porque la nueva Ley de Caza esté legalizando algo tan incomprensible como que los cazadores puedan matar a las corzas gestantes que se encuentren próximas a dar a luz y a las que acaban de parir, dejando, en su caso, huérfanos y totalmente indefensos a vulnerables corcinos, condenados a perecer de sed e inanición".

Hace hincapié en que uno de los apartados "del Anexo II de la nueva Ley, o relativo a las especies de caza mayor, dispone, respecto al corzo, que se podrán cazar "ambos sexos, desde el 1 de abril hasta el primer domingo de agosto".

Anpba señala que "si tenemos en cuenta que las corzas paren, en términos generales, desde finales de abril y a lo largo del mes de mayo, y que cada corza puede dar a luz entre dos y tres corcinos, podemos imaginar la magnitud de la tragedia". Ponen de relieve que "1 de abril, momento en que ya se puede disparar sobre ellas, hay multitud de corzas en la última fase de gestación, a punto de dar a luz, posibilitación legal que se prolonga y extiende a los meses en que nacen los corcinos".

El colectivo proteccionista se hizo eco así de la consideración hecha pública por gestores cinegéticos y cazadores zamoranos que, antes de admitirse a trámite la proposición de la ley de modificación de la Ley de Caza suscrita por PP, PSOE y Ciudadanos, y antes de su aprobación en Cortes, advirtieron de esta circunstancia, incluso a algunos procuradores. Exigieron que se apartara la posibilidad de la caza de corzas en un periodo tan vulnerable. Consideraban esta aceptación como "barbaridad" y un contrasentido que pudiera dar justificación a quienes critican la práctica cinegética. Eran partidarios de respetar este momento de críanza responsables de la propia Delegación Provincial de Caza de Zamora, presidida por José Antonio Prada; la Asociación Zamorana para la Defensa de la Caza y de la Pesca (Azadecap) presidida por Antonio de José Prada, y gestores cinegéticos como José Ignacio Regueras.

Sin embargo, la Ley de Caza siguió su tramitación sin modificación alguna y ahora todo queda a la voluntad de los cazadores y a lo que dice la Orden Anual de Caza. No obstante, Servicios de Medio Ambiente como el de Zamora tomaron sus propios reparos no repartiendo precintos que habilitaban para abatir corzas.

El colectivo conservacionista Anpba ha solicitado al Defensor del Pueblo que, de acuerdo con la Consitutición, "pondere el presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Caza de Castilla y León, dado que tiene atribuida por ley esa posibilitad".

ANPBA basa su solicitud en dos autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), dictados en febrero de 2019, estimatorios de las medidas cautelares solicitadas por PACMA, los cuales suspenden la aplicación de un decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas y una norma de Fomento y Medio Ambiente que aprueba la Orden Anual de Caza. El TSJ analiza la carencia de estudios científicos actuales que avalen los niveles poblacionales, su distribución geográfica y la reproductividad de las especies.

Anpba también invocó en su escrito al Defensor del Pueblo el artículo 105 de la Constitución, el convenio de Aarhus, dos directivas europea e incluoso la normativa sectoril castellano-leonesa.

Para la Asociación Nacional para la Protección de la Naturaleza y el Bienestar de los Animales "la causa de que haya aumentado la densidad de ciertas especies, como por ejemplo el conejo, se debe a la caza de otras especies que son sus depredadores naturales, como es el zorro. Por tanto, no son los cazadores los salvadores de la Naturaleza, sino que ella se ha venido auto-regulando desde milenios antes de que apareciera el cazador moderno".

ANPBA ha remitido su solicitud al Defensor del Pueblo sobre la base de sus Estatutos fundacionales que la legitiman y habilitan como asociación que protege el Bienestar Animal y la Naturaleza, pues no sólo "todos tenemos el deber de conservar la Naturaleza", sino que los poderes públicos también tienen el deber de "velar por su utilización racional" según manifiesta el artículo 45 de la Constitución invocado por ANPBA en su escrito solicitando al Defensor del Pueblo que pondere la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Caza de Castilla y León.

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