El Grupo Socialista de Puebla ha aprobado en pleno la resolución de alegaciones a las normas urbanísticas municipales y la apertura de un nuevo trámite de exposición pública, al incluir el Estudio Arqueológico presentado a la Comisión Territorial de Patrimonio, que supone una modificación sustancial del instrumento urbanístico aprobado inicialmente. El Grupo Popular se abstuvo al detectar importantes errores en la exclusión de fincas urbanas, incluida una casa, que quedan fuera de suelo urbano.
En el Estudio Arqueológico se ha detectado la desaparición parcial del yacimiento arqueológico Peña Centinela en Robledo, por la construcción de un cortafuegos por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta. Entre esas modificaciones se incluye la restauración de la edificación conocida como Caseta de Carabineros, situada también en Peña Centinela, además de no localizarse Peñas Corrales de Ungilde. Tampoco está definido el estado de conservación de varias parcelas en el Carballal de Ungilde. "Dada la gravedad de algunos de estos hechos estamos estudiando la mejor forma de defender nuestros bienes públicos".
Respecto al casco urbano de Robledo se han recibido alegaciones sobre varias vías públicas, en caso de duda y contradicción, se ha optado por mantener las anteriores normas subsidiarias.
El concejal popular, José María Mateos Ferrero, trasladó su abstención a la aprobación del estudio arqueológico y la modificación de las normas por quedar excluidas varias parcelas familiares y de otros propietarios, además de alguna vivienda -construida hace más de 60 años- de la nueva ordenación. Pidió al alcalde, José Fernández Blanco, la "corrección" de oficio desde la propia alcaldía de esta supresión que apunta a un error.
El Pleno fue informado de la liquidación del presupuesto de 2018, con un saldo positivo de 235.701 euros, como consecuencia del techo de gasto. Gastos por importe de 62.140 euros se financiaron con el remanente de Tesorería, lo que arroja un resultado, ingresos menos gastos, de 303.720 euros, unos 100.000 euros menos que el 2017. Ese descenso es debido a la revisión catastral del pasado año. Pese a ello, el superávit es del 30% del gasto computable. A la vista de los resultados media de nuevo la protesta del equipo de Gobierno, por el techo de gasto impuesto a los Ayuntamientos que tienen una buena situación económica.
Esta disposición que impide a los Ayuntamientos hacer inversiones "tiene como fin reducir artificialmente el déficit público" ante la incapacidad de reducir su déficit las Administraciones del Estado, Autonomías y la Seguridad Social, según el secretario.
El remanente de Tesorería es positivo y los gastos generales, 1.367.145 euros, llegan al 100% de la dotación de derechos reconocidos pendientes de cobro. El 50% de esa suma estará en breve comprometida dentro de la licitación de las obras de pavimentación y reforma de alumbrado, además de otras obras previstas. Quedarán así 700.000 euros de remanente, que se incrementarán con las bajas en las adjudicaciones de obras de los contratos.
