La última vez que F. L. manifestó, una vez más, que no pararía hasta conseguir justicia fue en la reunión con presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquezpresidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, el pasado 14 de marzo. Y los hechos vuelven a demostrarlo porque la víctima que destapó el escándalo de pederastia en el seminario de La Bañeza y denunció al sacerdote José Manuel Ramos Gordón por abusos sexuales a él y su hermano gemelo cuando eran menores, ha dado un nuevo paso en su búsqueda de la justicia con la presentación de una denuncia que ya tramita un Juzgado de León.

Fue el 23 de febrero de 2019 en la Comisaría de Policía de Miranda de Ebro (Burgos), donde el exseminarista prestó declaración durante varias horas, acompañando la denuncia de cuantiosa documentación sobre las cartas remitidas a Roma, comunicaciones del Obispado de Astorga, la resolución de la investigación con la pena canónica impuesta al sacerdote o correos enviados a los obispos y respuestas de los cardenales Blázquez y Omella.

F. L. da este nuevo paso "porque es la única opción que me queda para intentar que se haga justicia. Lo que denunció es que nosotros en su momentos contamos lo que nos estaba pasando, tanto al rector (Gregorio Rodríguez) como al tutor de sexto curso (Francisco Javier Redondo) y no hicieron nada para que cesaran los abusos; mi padre se lo contó a otros curas y solo encontró como respuesta amenazas. Y ahora todas las declaraciones, tanto del papa como del presidente de la Conferencia Episcopal animan a que las víctimas denunciemos. Yo lo hice ante la Iglesia y el Obispado de Astorga se ha reído de mí, permitiendo homenajes a mi verdugo, imponiéndole una pena ridícula (un año apartado de las parroquias) e incumpliendo la propuesta realizada por ellos mismos de que el daño sería reparado".

Es en la actuación del Obispado, tanto del propio prelado como la Vicaría Judicial, donde F. L. incide a la hora de que un juez pueda determinar si "actuaron correctamente o por el contrario hubo una conducta negligente". Porque en lo relativo a los hechos de 1988 judicialmente están prescritos.

El denunciante se remite también a las recientes declaraciones del papa Francisco al programa "Salvados". "Cuando el presentador (Évole) le pregunta ¿Recomendaría a alguien que haya sufrido abusos dentro de la iglesia denunciarlo, ir a la policía, contarlo? La respuesta del papa es: por supuesto".

Tanto el atestado policial como todas las pruebas aportadas han sido remitidas desde el Juzgado de Miranda de Ebro a la sede judicial de León, provincia donde ocurrieron los hechos relatados. El denunciante detalla ante la Policía Nacional lo ocurrido en el curso 1988-1989, en el seminario menor de La Bañeza, cuando él, su hermano de 14 años "y otros menores del centro", sufrieron abusos sexuales por parte de Ramos Gordón, profesor en el centro religioso. Al igual que en las cartas remitidas al papa Francisco, que dieron lugar a la apertura de un proceso canónico, el exseminarista cuenta las agresiones sexuales del sacerdote, cómo su hermano y otro menor se lo contaron al rector, Gregorio Fernández. Y cómo éste "lejos de castigar a culpable" inició una campaña de acoso con amenazas como "vais a dejar aquí la piel".

Detalla cómo tras los abusos y las represalias "el rendimiento escolar del declarante y de su hermano descendieron de manera drástica, suspendiendo las asignaturas o aprobando justo, si bien en la asignatura impartida por José Manuel Ramos Gordón, siempre obtenían un sobresaliente".

Además el exseminarista cita a tutores, rectores y sacerdotes de la zona, que de una forma u otra tuvieron conocimiento de los abusos sexuales en La Bañeza y las represalias sufridas en el seminario mayor de Astorga por contarlo.