La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora investiga presuntos tratos vejatorios a los ancianos de la residencia de Montamarta -de titularidad municipal- que habrían cometido dos auxiliares de este centro, según la denuncia puesta por el portavoz de la oposición en este Ayuntamiento, el socialista Rogelio Conde, y que adelantaba esta mañana Radio Zamora.

La dirección de la residencia ha confirmado a este diario que la Guardia Civil ya interrogó la pasada semana a los usuarios del centro y que confía en que la Fiscalía "archivará la causa muy pronto" a la luz de esos testimonios y del informe que elaborará la Dirección General de Servicios Sociales. "Esto no llegará a juicio", afirma con seguridad la directora, Verónica Rodríguez, aunque admite que una denuncia así consigue "hacer mucho daño" a la imagen del centro.

Rodríguez niega tajantemente los hechos que se denuncian y asegura que "respondo por todas y cada una de las trabajadoras del centro, y por el trato que les dan a los usuarios, que es excelente". Rodríguez destaca que "en cuatro años no hemos tenido ni una sola queja de ningún usuario ni de ninguna de sus familias" y que "el libro de hojas de reclamaciones está en blanco".

La residencia municipal de Montamarta cuenta con 27 plazas, todas ellas ocupadas, ninguna de ellas consorciada con la Junta de Castilla y León, y tiene "una lista de espera de más de 30 personas", según destaca la propia directora que asegura que en el centro se respira "un ambiente muy familiar, no hay horario de visitas, sino que las familias entran cuando quieren, por la mañana o por la tarde, y ellas habrían sido las primeras en detectar algo extraño".

Hace cinco años, en abril de 2014, se inauguraba la residencia, vacía, por parte del anterior alcalde de Montamarta, Rogelio Conde, quien ahora denuncia estos presuntos tratos vejatorios, pero el centro no entró en funcionamiento hasta octubre de 2015, cuando él ya estaba en la oposición. No obstante, fue su equipo de gobierno quien dejó hecha la selección de personal, incluidas las auxiliares y a excepción de la directora, que fue contratada más tarde por el nuevo equipo surgido de las elecciones municipales de 2015.

La denuncia puesta por el concejal socialista contra dos de las auxiliares de la residencia se extiende también a la directora del centro, a la alcaldesa del municipio, Cristina Folgado (Unidos Por Montamarta), y al teniente de alcalde, Benjamín Hernández Nieto (Partido Popular).

Este diario ha tratado de conocer la versión del denunciante, que se ha negado a responder.