La Federación de Caza de Castilla y León señala en un comunicado que "es posible incluso que el próximo día 1 de abril, fecha prevista para iniciar el período hábil del corzo, comience la temporada". Será así si la reforma de la Ley aparece publicada mañana viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León." Al día siguiente entra en vigor y esto es ahora perfectamente posible. Si no es así, la caza se abrirá en los siguientes días de la primera semana de abril" exponen dese la Federación en la que está integrada la Delegación provincial de Zamora que preside José Antonio Prada.

"Lo primero que tenemos que decir los cazadores es gracias a la clase política de Castilla y León por respaldar de forma unánime a la caza y al medio rural. El esfuerzo de todos ha sido muy grande, pero al final tenemos el reconocimiento unánime de todos los grupos de las Cortes, que consideran a la caza una actividad a preservar e impulsar y fundamental para el equilibrio de los ecosistemas y el control de las poblaciones silvestres y para la economía de Castilla y León, la rural en particular".

La Federación de Caza añade que "este apoyo lo queremos ver plasmado en los programas de los partidos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas y, para ello, ya hemos presentado a todas las formaciones que concurren a estos comicios una serie de principios básicos de apoyo a la caza que esperamos todos suscriban. "La caza también vota" no debe ser solo un eslogan".

Expone que "es necesario saber que esta modificación legal no es en sí misma una solución y nadie podemos verla así; es una regulación de urgencia para salvar la caza. Era cazar o no cazar".

Para la Federación "respuesta de la sociedad de Castilla y León a través de sus representantes en la cámara regional es, además de por supuesto legal, absolutamente legítima, a pesar de lo que digan el Pacma, Ecologistas en Acción y quién lo diga, y no contraviene ninguna resolución judicial que, por cierto, es un auto de medidas cautelares que sorprendentemente habría tenido efectos de sentencia firme".

Resalta, además, que "solo faltaría que las Cortes de Castilla y León, que representan a todos los ciudadanos de nuestra tierra, no puedan legislar para regular una actividad, por muy poco que les guste a una minoría y sus ramificaciones en la administración o la magistratura".

La Federación manifiesta que "somos conscientes, y así se lo trasladamos a los ciudadanos en general y a los cazadores en particular, que comenzamos una etapa que va a ser complicada, por la interpretación y aplicación práctica de la nueva normativa cinegética. También porque esta facción radical no va a cejar en intentar imponer a los demás su fundamentalismo, sobre todo si encuentra acomodo en resoluciones de órganos de la Administración".

Añade que "todos los partidos se han comprometido a que cuando se inicie la nueva legislatura se va a hacer una nueva Ley de Caza que impida que, por fisuras de la norma, se pueda imponer la opinión de unos pocos a los intereses de todos".

"En ese compromiso estará la Federación de Caza de Castilla y León para conseguir una buena Ley que garantice una práctica cinegética segura, ordenada, responsable y comprometida con los intereses de nuestra tierra".

La Alianza UPA-COAG, por su parte, afirma que "valora muy positivamente que se haya aprobado en las Cortes regionales la nueva Ley de Caza, que pondrá fin en próximas fechas a la suspensión que actualmente existe sobre la prohibición de la actividad cinegética en nuestra comunidad autónoma".

La organización considera" un acto de sentido común y de responsabilidad la proposición de ley aprobada en las últimas horas, puesto que con ello se responde desde las instancias políticas a lo que pide una amplia mayoría de la ciudadanía que vive en el medio rural de nuestra región".

Sin embargo, la Alianza UPA-COAG reclama que las medidas a aplicar "no se queden en la simple aprobación de la nueva Ley de Caza, sino que ésta sea solo una herramienta más dentro de unas políticas integrales de control que deberían aplicarse ante la expansión actual de fauna en Castilla y León".

UPA-COAG señala que "la situación de bloqueo cinegético que sufre esta región es incomprensible y supone un daño enorme hacia el sector agrario, que lleva sufriendo desde hace tiempo una persecución que supone no solo poner en serio riesgo la actividad agraria en esta región, sino que pone en peligro de extinción a los propios agricultores y ganaderos".

La Alianza pone de relieve que "las últimas sentencias judiciales del TSJ de Castilla y León en la línea de prohibir la caza en nuestra región lo que genera es más presión de la que sufren en la actualidad quienes ejercen su actividad profesional compartiendo espacios con jabalís, corzos, conejos o lobos, por ejemplo".

Indica, además, que "la proliferación descontrolada de animales es muy lesiva y está provocando actualmente problemas muy serios a los agricultores y ganaderos en forma de destrozo de cultivos, muertes de ganado o transmisión de enfermedades, pero incluso está generando alarma entre la ciudadanía en su conjunto, debido a que cada vez la fauna provoca más accidentes de tráfico y daños en infraestructuras básicas".