Nos acusarán de bestias para arriba", "nos crucifican", "roza la inmoralidad". Son las expresiones pronunciadas por gestores cinegéticos y cazadores zamoranos que temen que pueda ocurrir si los parlamentarios de las Cortes de Castilla y León dan hoy el visto bueno a la proposición de Ley presentada por el PP, PSOE y C,s tal y como aparece redactada.
Y es que la proposición que viene a modificar la Ley de Caza. El gestor y cazador José Ignacio Regueras califica esta acción "como un maltrato innecesario y una justificación para que nos digan que somos unos asesinos porque dejamos a las crías sin madre".
El presidente de la Asociación Zamorana para la Defensa de la Caza y de la Pesca, Antonio José de Prada, indica que fue una cuestión transmitida al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, donde se propuso como más acertado "que se alargara la caza en otros periodos fuera de la reproducción y de la paridera para no dejar a las crías indefensas". De Prada considera que la caza en estas fechas "debería entrar en el ámbito de la excepcionalidad absoluta, por seguridad o por importantes daños".
El cazador Manuel Ranilla sostiene que "matar corzas en momento de cría no tiene sentido, es incompatible con la caza y es tirar piedras contra nuestro propio tejado",
La proposición fue presentada el pasado 1 de marzo y aceptada por la Mesa de las Cortes, y hoy será debatida con el arropamiento de cazadores y organizaciones agrarias que defienden la actividad cinegética como un sistema de control de la fauna y, en consecuencia, como un método de amortiguación de daños y accidentes, además de como un recurso socioeconómico y hasta de equilibrio de los ecosistemas.
Desde el año 2004 la Asociación del Corzo Español (ACE) lleva adelante el proyecto "Corcino", concienciando a la sociedad y a quienes patean el campo para que no se recoja a las crías de esta especie -como de tantas- que encuentran en la naturaleza "porque estos animales no están abandonados y su madre-siempre de manera discreta- los observa". Es la forma de evitar su predación en los primeros días de vida. Son miles los carteles difundidos con eslóganes como "Si te lo llevas morirá", "Deja que la naturaleza siga su curso", "No está abandonado. Su madre lo protege".
El gestor José Ignacio Regueras califica de "impresentable" que se permita cazar a las corzas en primavera cuando las crías no se defienden. "Hay que saber cómo y cuándo cazar" expresa, y recuerda el caso de la muerte de una corza que dejó a la cría "corriendo como loca para aquí y para allá, sin saber qué hacer".
En el articulado de la modificación de la Ley de Caza que hoy se debate, en el anexo de periodos hábiles relativo a la caza mayor, se apunta para la caza de "ambos sexos" de esta especie, entre otras campañas, desde el 1 de abril hasta el primer domingo de agosto. Una etapa que Regueras considera "que debe quitarse de la proposición de Ley".
La modificación de la normativa en vigor viene promovida por los fallos judiciales de Tribunal Superior que suspenden los aprovechamientos cinegéticos y la Orden Anual de Caza en la comunidad por la ausencia de informes que avalen de una forma científica y técnica esta práctica.
En los antecedentes de la proposición de Ley presentada a las Cortes se expone que "la caza, en su concepción actual, ha de ser considerada como una actividad social, que debe mantenerse y fomentarse, ya que su ejercicio de manera ordenada contribuye sin duda al mantenimiento y conservación del rico patrimonio natural de Castilla y León, además de aportar considerables beneficios culturales, económicos y sociales". También se indica que "el aprovechamiento de los recursos cinegéticos es una actividad esencial para el desarrollo del medio rural por su indudable contribución a la adecuada práctica de la agricultura y ganadería extensiva", añadiendo que "el ejercicio de la caza evita el riesgo evidente que para la salud humana y para la seguridad viaria conlleva la sobrepoblación de determinadas especies". Igualmente se apunta que "la caza favorece la conservación de los ecosistemas y de la fauna protegida al evitar desequilibrios en los mismos y en especial en las especies vegetales y animales, algunas de ellas amenazadas", así como que "la ausencia de actividad cinegética pone en peligro la disponibilidad de recursos tróficos para otras especies protegidas que tienen que competir por su hábitat". En esta región, además, "está constatado que la sobreabundancia de poblaciones de ungulados silvestres es negativa para especies en peligro de extinción, por lo que la gestión de las poblaciones cinegéticas se impone como una medida fundamental para la conservación de las especies más amenazadas".
En las motivaciones a la modificación de la Ley de Caza se alude a que la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres, considera que determinadas especies, debido a su nivel de población, a su distribución geográfica, y a su tasa de reproducción en el conjunto de la Comunidad Europea pueden ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional en cada estado miembro. Asimismo que la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna silvestre establece las especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.
Igualmente se anota que la caza"debe ejercitarse de manera racional y ordenada, de tal manera que se garantice la existencia permanente del propio recurso, es decir, el estado de conservación favorable de las especies que aquí se regulan, su utilización razonable y la estabilidad de los procesos y equilibrios naturales.
En Castilla y León, se apunta, más del 88 % de su superficie son terrenos cinegéticos y la mayor parte de los mismos, en torno a 78.000 Kilómetros cuadrados, están constituidos bajo la figura de cotos privados de caza. En Zamora los acotados superan los seiscientos.
Otra motivación expuesta es que la actividad cinegética "se ha demostrado en los últimos años como la herramienta de gestión y control más eficaz de las poblaciones de ungulados silvestres, jabalíes o conejos, que permite reducir los daños ocasionados por esta fauna silvestre sobre los cultivos, la ganadería, los accidentes de tráfico y evitar posibles epizootias y zoonosis, tales como la tuberculosis bovina, la peste porcina africana, etc". De hecho, se manifiesta, "las autoridades internacionales y nacionales están cada vez más preocupadas por las repercusiones que las enfermedades transmisibles por los animales silvestres puedan tener para la salud pública y la seguridad alimentaria".
Ayer, Ecologistas en Acción trataba de paralizar el debate previsto para hoy presentando ante la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, al haber admitido a trámite la con la finalidad de "pasar por encima" de la suspensión cautelar de la caza ordenada por el alto tribunal, según explican los ecologistas en un comunicado recogido por la agencia de información Ical.
El colectivo calificó de "sangrante" comprobar que los procuradores de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos estén promoviendo este nuevo atropello legal a sabiendas de que las Cortes han recibido en los últimos años cuatro sentencias del Tribunal Constitucional por aprobar leyes singulares "a la carta" para sacar adelante proyectos contestados en los tribunales como la estación de esquí de San Glorio (León y Palencia), la Ciudad del Medio Ambiente de Soria o Meseta-Ski en Valladolid.
