El consejo general de Colegios Oficiales de biólogos "da una señal de alarma en relación a la falta de profesionalidad con la que se están llevando a cabo estudios y trabajos relacionados con la biodiversidad, en este caso con la fauna silvestre destinada a la caza, en lo que debería ser un aprovechamiento regulado de los recursos naturales".

Hace referencia a las sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en las que "se cuestiona la ausencia de criterios científico-técnicos para establecer qué especies deben considerarse cinegéticas y cuales deben formar parte de las órdenes anuales como especies cazables, a lo que habría que añadir la ausencia de profesionales competentes para la elaboración de los planes cinegéticos que deberían fundamentar el ejercicio de la caza en cada coto, y no caer en la falacia de reiterar una y otra vez los mismos estudios faunísticos, sin el necesario asesoramiento".

En cuanto a la polémica social generada por los fallos judiciales el Colegio de Biólogos señala que "en realidad la función de los magistrados es impartir justicia con base en la legislación y normativa vigentes", y no debe "olvidarse que las malas prácticas están precisamente en la inadecuada aplicación de razonamientos técnicos a la hora de proteger la biodiversidad".

Resalta el Colegio de Biólogos que "en este importante problema subyace la negligencia con la que se abordan en ocasiones los actos judiciales privando de las imprescindibles peritaciones realizadas por profesionales competentes en la materia, que se encarguen de aportar criterios científico-técnicos en los que justificar el fondo sustantivo de las sentencias, en este caso el voto particular en contra de uno de los magistrados pone en duda el procedimiento contencioso administrativo realizado". Apunta, además, que "si el estado actual de las poblaciones sujetas a aprovechamiento cinegético es importante, no lo es menos el de los hábitats en los que viven, y esa visión conjunta de los ecosistemas comprobamos que se está desvirtuando desde enfoques inmersos en actividades sectoriales, en comportamientos ideológicos o, en otras ocasiones, en escritos y análisis ejercidos por aficionados, por los propios cazadores o por profesionales anclados en escenarios del pasado, que no hacen más que enturbiar las sensaciones de patrimonio natural que en realidad se tienen desde el medio rural".

Hace referencia a que "las Directivas 2009/147/CE y 92/43/CEE relativas a la conservación de las aves silvestres y de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, establecen en el ámbito europeo medidas de conservación para determinadas especies sobre las que los países miembros, como España, deben incorporar la regulación que permita la caza de alguna de ellas, pero siempre con las garantías necesarias para que no se ponga en peligro la supervivencia de sus poblaciones".

Para el Colegio de Biólogos "los estudios para determinar las especies cinegéticas deben estar actualizados, para cumplir con la adecuada conservación, gestión y manejo de la fauna silvestre; deben contemplar la situación de especies con poblaciones desequilibradas como los ungulados asociados a la caza mayor, con el ejemplo de poblaciones sobreabundantes como el jabalí; distinguir entre las aves las especies migratorias, en ocasiones las amenazas provienen de otros territorios de los que dependen y sobre los que no se tiene capacidad de regulación; y centrar en mayor medida los estudios en las especies residentes, que como el conejo o la perdiz roja tiene una gran importancia en la cadena alimentaria de nuestros ecosistemas". En su escrito, firmado por Jorge Abad, añaden que "no se trata de prohibir la caza, para determinadas especies supone una regulación de sus poblaciones; tampoco de ser permisivo en su práctica, debemos aplicar el principio de dejar en manos de profesionales competentes temas que afectan a nuestro patrimonio natural, al igual que sucede en otras actividades. No se solucionará si se vuelven a aplicar modificaciones normativas y legislativas desde las Administraciones Autonómicas obviando los problemas de fondo que en realidad deben atajarse". Remacha el Colegio indicando que "fa siendo hora de incorporar cambios en las metodologías que se aplican por las Administraciones para gestionar actividades como la caza, sin poner en riesgo la pérdida de la biodiversidad, uno de los problemas de mayor envergadura con los que nos enfrentamos; se trata de centrar los problemas y asignar las distintas tareas a los profesionales que se han especializado para realizarlas y de los que existen numerosos centros de investigación, Universidades y práctica habitual en la elaboración de planes cinegéticos. Además, en este cambio de paradigma debería cumplir una labor primordial la Administración Estatal, aportando criterios comunes para el conjunto del territorio español".