Ecologistas en Acción de Castilla y León sostiene que tanto el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como director general del Medio Natural, José Ángel Arranz, "deberían haber dimitido (o ser cesadas) por elaborar y aprobar normativa cinegética que había sido declarada ilegal por los tribunales, además, por no adoptar medidas de estudio, censo y correcta conservación de las especies y poblaciones cinegéticas para garantizar el carácter de sostenible de la caza. Ponen de relieve que, un año después de haberlo pedido, dos sentencias y tres autos judiciales refuerzan e incrementan los argumentos que motivaron la petición de tales responsabilidades. También lo hace la constatación de que, a consecuencia de su mala gestión, existen graves desequilibrios en las poblaciones cinegéticas e incluso, para alguna de ellas, la amenaza de su estado de conservación.

Ecologistas en Acción subraya que "los propios cazadores, propietarios de terrenos y titulares de cotos sabían desde hace años que el soporte jurídico y técnico de su actividad estaba en el aire por carecer de los citados estudios poblacionales y ecológicos. Y en vez de ser exigentes con la Junta de Castilla y león, y con las organizaciones que les representan, prefirieron callar y aprovecharse de una laxa, cómoda y favorable normativa". En su comunicado exponen que "el consejero y juez, Suárez-Quiñones justifique y defienda su gestión por razones económicas y que utilice como escudo a los cazadores, agricultores y ayuntamientos para no acatar escrupulosamente las sentencias y autos judiciales es demagógico, electoralista e impropio de un cargo público". Sostienen el colectivo que "la Proposición de Ley presentada por el PP no tiene como objetivo mejorar la gestión y garantizar la sostenibilidad de la actividad o la conservación de las especies, sino que es una huida hacia delante de evidente tinte electoralista. AEcologistas en Acción considera que puede ser considerada inconstitucional al vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, aspecto sobre el que existe sobrada jurisprudencia constitucional. Contrasta la diligencia mostrada en este caso con la lentitud de la reacción ante graves problemas sociales como la falta de atención sanitaria en el medio rural o los desahucios". Ecologistas en Acción considera "que la medida cautelar de suspender la caza, adoptada por el TSJ de Castilla y León es proporcional por cuanto la Junta de Castilla y León lleva desde el año 2003 ninguneando sentencias en materia cinegética en vez de adoptar medidas eficaces para cumplirlas. Y eso el consejero, como juez que es, debería conocerlo".

La Asociación de Guías Ornitológicos y Alojamientos Rurales de Castilla y León (Goyarcyl) aplaudió ayer la decisión del Tribunal Superior de Justicia.