La Junta de Castilla y León quiere blindar el ejercicio de la caza por ley. Las "graves consecuencias" que a su juicio provoca la suspensión de la actividad cinegética, dictada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que estimó un recurso interpuesto por el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) contra el decreto por el que la Junta estableció las especies que pueden ser consideradas como cinegéticas, ha llevado la presentación de una Proposición de Ley en las Cortes de Castilla y León que traslade a la Ley de Caza de Castilla y León las especies cinegéticas, permitiendo dar garantía a la caza con el revestimiento legal.
Los grupos parlamentarios del PP, PSOE, Cs y UPL respaldan esa proposición de ley de modificación de la Ley autonómica de Caza que han registrado en las Cortes regionales para tratar de evitar la suspensión cautelar de la caza que ha dictado el TSJ.
Con ello se pretende, conforme a lo establecido en las Directivas europeas, traspuestas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, "asentar con rango de Ley las especies definidas como cinegéticas". Se declararían como tales aquellas que, "no encontrándose en ninguno de los supuestos de protección estricta, y que debido a sus niveles poblacionales, su distribución geográfica y su índice de reproductividad, puedan soportar una extracción de ejemplares ordenada y controlada administrativamente'.
Se establecería también "un régimen complementario de protección de estas especies que garantice que el ejercicio de la caza no comprometa el estado de conservación de las mismas en su área de distribución, en el marco de un Plan General de Caza, en el que se establezcan limitaciones adicionales, que contemplen las peculiaridades comarcales, las medidas necesarias que deriven de las variaciones climáticas temporales o la evolución local de determinadas especies".
Además del componente cultural y tradicional, la Junta de Castilla y León destaca el potencial de la caza como "recurso económico muy importante" para los titulares de aprovechamientos cinegéticos, en su mayoría ayuntamientos y juntas vecinales "con cuyos recursos financian servicios públicos". Un recurso también para distintos sectores económicos de hostelería y servicios en el medio rural que giran en torno a la actividad cinegética, "y por tanto es empleo y fijación de población". A ello la administración regional suma la importancia de la caza como "medio imprescindible para contribuir al control sanitario de la fauna salvaje, y por ende de la sanidad de la cabaña ganadera". Y también para "reducir riesgos a la seguridad vial y la protección de la vida e integridad de los conductores y pasajeros de vehículos en nuestras carreteras".
La Junta defiende el carácter "esencial" de la caza para el control poblacional de las especies "que es garantía de su estado de conservación favorable, así como para mantener en estado de conservación favorable las especies más vulnerables cuyo hábitat y desarrollo se vería comprometido por la competencia en el medio de una fauna descontrolada".
La Administración autonómica defiende su "gestión responsable" en materia de caza, con la limitación del número de ejemplares cazables por los titulares de los aprovechamientos y cotos de caza de acuerdo con los informes técnicos para garantizar la sostenibilidad de las especies. "Una caza responsable y sostenible que ha garantizando que dicha actividad haya sido un instrumento equilibrado al servicio, fundamentalmente, de un control poblacional imprescindible para mantener las poblaciones de fauna silvestre en un estado de conservación favorable".
Y recuerda el acuerdo de las Cortes de Castilla y León, el pasado día 19 de diciembre de 2018, aprobando con una sola abstención una Proposición No de Ley considerando la importancia de la caza para los intereses de Castilla y León.
Es por ello que la Junta promueve la acción política del Partido Popular, a la que se han sumado PSOE y Ciudadanos, representados en las Cortes de Castilla y León, para adoptar medidas que permitan asegurar en el tiempo un marco jurídico estable para la realización de la actividad cinegética.
