Ecologistas en Acción pide la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, por las "graves consecuencias ambientales, sociales y económicas de la mala gestión cinegética y de las sentencias recibidas desde el año 2003". Esta organización considera que la Proposición de Ley anunciada por el Consejero para blindar la caza "vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y podría ser considerada inconstitucional".
Ecologistas en Acción de Castilla y León solicitó públicamente hace un año la dimisión del Consejero de Fomento y Medioambiente de la Junta de Castilla y León y del Director General de Medio Natural por elaborar y aprobar normativa cinegética que había sido declarada ilegal por los tribunales. "Estas personas deberían haber dimitido (o ser cesadas) además, por no adoptar medidas de estudio, censo y correcta conservación de las especies y poblaciones cinegéticas para garantizar el carácter de sostenible de la caza".
Asegura Ecologistas en Acción que "los propios cazadores, propietarios de terrenos y titulares de cotos sabían desde hace años que el soporte jurídico y técnico de su actividad estaba en el aire por carecer de los citados estudios poblacionales y ecológicos. Y en vez de ser exigentes con la Junta de Castilla y León, y con las organizaciones que les representan, prefirieron callar y aprovecharse de una laxa, cómoda y favorable normativa".
Para los conservacionistas la Proposición de Ley presentada en las Cortes "no tiene como objetivo mejorar la gestión y garantizar la sostenibilidad de la actividad o la conservación de las especies, sino que es una huida hacia delante de evidente tinte electoralista".
Ecologistas en Acción considera que la medida cautelar de suspender la caza, adoptada por el TSJ de Castilla y León "es proporcional por cuanto la Junta de Castilla y León lleva desde el año 2003 ninguneando sentencias en materia cinegética en vez de adoptar medidas eficaces para cumplirlas. Y eso el consejero, como juez que es, debería conocerlo".
