La suspensión cautelar de la caza en Castilla y León dictada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Castilla y León al estimar el recurso presentado por el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma), y ateniéndose a fundamentos de falta de garantías en los informes sobre las poblaciones de las especies cinegéticas, ha causado una conmoción en el sector de los cazadores y también en las organizaciones agrarias.
La Federación de Caza de Castilla y León salió ayer al paso del fallo judicial para indicar que "a día de hoy, y mientras no se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León la anulación de las normas que habilitan para practicar la caza, se puede seguir cazando con normalidad".
Tal es el revuelo levantado por una decisión que haría colgar las escopetas en pleno por primera vez en la historia sobre ciertas especies del mundo salvaje que el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, convocó ayer al presidente de la Federación a una reunión urgente. El presidente de la Federación de Caza Santiago Iturmedi, se mostró convencido de que los grupos políticos con representación en las Cortes regionales serán capaces de alcanzar el consenso político necesario para llevar a cabo la modificación legislativa que permita el mantenimiento de la actividad cinegética, tras el auto que anula el decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas, norma que da cobertura a la orden anual de caza, donde se determinar qué especies pueden ser objeto de caza. Iturmedi, que realizó estas declaraciones tras la reunión mantenida con el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y con miembros de su equipo, también resaltó que es necesario dotar de un marco jurídico estable a una actividad "importante" y "fundamental" para buena parte del medio rural de la Comunidad. Criticó que los cazadores "estamos abonados" a este tipo de autos de la Sala de los Contencioso del TSJ, dado que todas sus decisiones van en contra de la actividad cinegética, aunque en esta ocasión el auto ha contado con el voto contrario de un magistrado "muy bien argumentado".
Para la Federación "el auto del TSJ, que provoca una vez más una situación de precariedad para la actividad cinegética, es incomprensible, conforme a Derecho, salvo que exista una predisposición del Tribunal en contra de la Administración o de la actividad cinegética; así lo sugiere el voto particular del magistrado ponente inicial del auto, que fue sustituido como ponente por disentir del resto de miembros y que plantea una oposición frontal y perfectamente fundamentada".
El presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias , Alfonso Polanco, explicó ayer que la entidad seguirá trabajando "en la misma dirección" y "muy cerca" de la administración autonómica para buscar una solución a la prohibición de la caza. A punto de iniciarse la petición de alquiler de los cotos y de las subastas, Polanco no ocultó su preocupación y también la de muchos municipios que así se lo han hecho llegar."Es un tema que nos ha sorprendido a todos", reconoció.
Antonio Medina, de Asaja, manifestó ayer que los agricultores no se harán cargo de los daños si se suspende la caza.
