El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha subrayado que acata pero discrepa del auto del Tribunal Superior de Justicia. A juicio del consejero, "no solamente se perjudican los intereses económicos, sino también los medioambientales y de la seguridad de las personas". "Nos deja en una situación de indefensión, aunque hay un voto particular muy bien fundamentado pero se ha impuesto la mayoría de la sala y eso, obviamente, lo tenemos que acatar", preciso ayer ante los periodistas. En opinión de Suárez-Quiñones "es difícil" explicar ahora a los agricultores que no va a haber ese modo de control de la fauna salvaje que es la caza.

"Es una decisión gravísima, pero reaccionaremos con los recursos que establece la ley y el estado de Derecho, ya que la actividad de la caza para Castilla y León tiene un gran interés económico y social, además de controlar el exceso de jabalíes o conejos, por ejemplo", ha concluido.

El secretario general de Podemos en Castilla y León y candidato a presidir la Junta, Pablo Fernández, ha tachado al PP de Castilla y León como "antisistema por los "continuos varapalos judiciales", porque "infringe con la legalidad vigente" y ha subrayado que es "insólito" tener un Gobierno que reciba "sentencias en contra de su gestión".

La Alianza UPA-COAG pone de manifiesto que "los tribunales de justicia con sus veredictos dan alas a los grupos que prefieren que todo el campo se convierta en selva". Para la organización agraria "resulta imprescindible que los responsables de legislar y de gobernar promulguen normas técnica y legalmente bien construidas que den seguridad jurídica y protejan las acciones que nuestra sociedad necesita adoptar para que la fauna salvaje sea un patrimonio natural y no un problema para los ciudadanos".

UPA-COAG critica "este nuevo palo judicial a la Consejería de Medio Ambiente, que viene una vez más a golpear las costillas de los agricultores y ganaderos de la Comunidad, que son los que en mayor medida sufren las consecuencias de una proliferación inaguantable de todo tipo de animales silvestres, que destrozan los cultivos, matan al ganado, transmiten enfermedades (sarna, roña brucelosis, tuberculosis, etc.), provocan muertes en accidentes de tráfico y, si de la voluntad de algunos grupos animalistas dependiera, acabarán por ser los únicos seres vivos que pueblen el medio rural".

La Alianza señala que "es totalmente imprescindible disponer de herramientas para el control de las especies silvestres. No hacerlo, dejaría totalmente indefensos no solo a agricultores y ganaderos, sino al conjunto de la sociedad, que ya está viendo las consecuencias de una proliferación descontrolada de fauna salvaje (por ejemplo, la irrupción en las ciudades de manadas de jabalíes, los daños en las infraestructuras viarias de los conejos, etc.)". La organización agraria califica de "despropósito que a las administraciones competentes con sus tibias actuaciones y a los propios responsables de la justicia de nuestro país no atiendan a quienes estén en peligro de extinción, que son las personas que habitan el medio rural y las zonas de sierra y montaña, puesto que su preocupación parece estar en que prevalezcan los intereses animales antes que el de los ciudadanos".