Cinco víctimas de la diócesis de Astorga -dos reconocidas y con sentencia condenatoria para el sacerdote Ramos Gordón y otras tres con casos en proceso de investigación- han recibido el ofrecimiento de ayuda, por escrito, de la nueva delegada episcopal "para la protección de menores y acompañamiento de víctimas de abuso". Así lo confirmaba ayer la psicóloga María José Díez Alonso, titular del primer órgano creado en el seno de la Iglesia española con el objetivo de conseguir lo que las víctimas reconocidas no tuvieron cuando eran unos niños, que "todas las instituciones eclesiales sean lugares seguros" para los menores y adolescentes.
Tras dirigir sus primeras palabras a los supervivientes y víctimas, "manifestando mi disposición a escucharlas y atenderlas en lo que puedan necesitar", esta profesional dijo comprender "su rabia, su frustración y su pena, y esperamos poder ayudarlas en la reparación del daño que nunca tenía que haber sucedido" recalcó Díez.
Lo hacía después de que tanto F. L. como Emiliano Álvarez, ex seminaristas de La Bañeza que han denunciado abusos sexuales por parte de sacerdotes cuando eran unos niños, cuestionaran esta nueva delegación episcopal, tanto por "llegar tarde" como por considerarlo "una burla" y una operación "de maquillaje" de cara a la cumbre de los abusos que comienza hoy en Roma.
Algo descartado por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, quien negó que la reunión promovida por el papa tenga relación directa con la delegación de atención a menores víctimas de abusos creada en la diócesis el pasado 8 de febrero. "Me he dado cuenta de que por muchos protocolos que tengamos, por muchas normas que dictemos, si no hay un seguimiento personal de alguien que se ocupe de ello es muy difícil que lleguemos a conseguir el objetivo de la diócesis sea un espacio seguro para los menores" precisó el obispo. Y tal es la razón de esta nueva delegación episcopal de la que también forman parte Ana Belén Fraile, abogada y experta canonista; el sacerdote José Antonio Crespo, quien trabaja con "personas heridas espiritualmente en una comunidad situada en el Santuario de Las Ermitas en Galicia", el vicario judicial, la delegada de medios de comunicación y una víctima extradiocesana. ¿Por qué no se ha considerado a una víctima de la diócesis" se le preguntó al obispo.
"Hemos pensado en que sea alguien que también tenga una cierta preparación, no solo que sea víctima sino con estudios que nos puedan aportar su experiencia y profesionalidad, y orientar el trabajo de la delegación". Juan Antonio Menéndez defendió que a las víctimas "hay que acompañarlas y tratar de escucharlas siempre", y a la vez la nueva delegación deberá tener una función de "prevención de cara a sensibilizar, formar e informar correctamente sobre la gestión de los abusos a menores". Una declaración de intenciones cuestionada por antiguos seminaristas y denunciantes de abusos, críticos con la manera de llevar los procesos desde el Obispado de Astorga.
Consciente de ello, Juan Antonio Menéndez volvió a defender su actuación con las denuncias recibidas. "Cuando llegué a la diócesis me encontré un caso que estaba prácticamente concluido (en referencia a la denuncia de F. L. contra Ramos Gordón) y he actuado conforme a los protocolos; por tanto no he encubierto nada, he respetado siempre las leyes".
¿Qué pasa con los que supieron lo que le estaba pasando a las víctimas y no tomaron medidas? se le preguntó al obispo. "Fue un grave error en aquel momento de los responsables del seminario que tuvieron conocimiento de los hechos y no actuaron, no advirtieron a los padres para que éstos pusieran denuncia" admitió Menéndez con cierta incomodidad ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre los escándalos que han salpicado a la diócesis.
Ahora todos los esfuerzos se centran en este nuevo órgano, para el que se ha habilitado un correo electrónico proteccionmenores@diocesisastorga.es "por si alguien quiere dirigirse para ser acompañado y orientado". De momento ninguna de las cinco víctimas con las que se ha contactado han respondido al ofrecimiento de ayuda, pero la puerta está abierta, también "para recibir nuevas denuncias, asesorar a los denunciantes en todos los aspectos técnicos, jurídicos o psicológicos, así como el acompañamiento moral en los posibles procesos de instrucción".
Unas medidas que no vio "por ningún lado" F. L. "He tenido que luchar en la más absoluta soledad e incomprensión" lamenta.
