En vísperas de la cumbre convocada por el papa Francisco en Roma sobre los abusos sexuales en la Iglesia (desde mañana hasta el domingo), el Obispado de Astorga ha creado una delegación episcopal "para la atención a menores y el acompañamiento de las víctimas de abusos". Una decisión que "llega tarde" y es un "lavado de cara para quedar bien" en palabras de víctimas como F. L. y Emiliano Álvarez, denunciantes de casos de pederastia en la diócesis de Astorga.
La nueva delegación episcopal nace cuando la Iglesia se enfrenta a uno de los desafíos más incómodos, silenciado durante décadas, y tres años después de que saltara el primer caso de pederastia en la diócesis de Astorga con la resolución del proceso administrativo penal abierto a José Manuel Ramos Gordón por la denuncia de F. L., ex seminarista de La Bañeza. A éste último va dirigida la carta del Obispado de Astorga, fechada el pasado 15 de febrero, ofreciendo a la víctima "la ayuda que pudiera necesitar como consecuencia de la situación vivida por usted". Una comunicación bastante escueta y sin ninguna dirección ni teléfono de referencia con los que poder contactar.
Y lo la hace María José Díez Alonso, la delegada episcopal "para la protección de menores y acompañamiento de víctimas de abuso" como responsable de este órgano creado por el Obispado de Astorga tras los escándalos de pederastia que desde 2014 sacuden a la diócesis, con un sacerdote "condenado" (Ramos Gordón) y otro (Sánchez Cao) apartado de la labores parroquiales y en investigación.
Escándalos que se remontan a noviembre de ese año, cuando F. L. envió una carta al papa Francisco relatando los abusos sufridos tanto por él como por su hermano gemelo en el seminario menor de La Bañeza durante el curso 1988-1989, donde era educador su verdugo, Ramos Gordón, quien fuera párroco de Tábara y otros pueblos de la comarca durante 26 años.
F. L. ha reaccionado con rabia a este ofrecimiento de ayuda "por parte de aquellos que en su día dieron la espalda a las súplicas de niños que estaban siendo atormentados noche si y noche también. La ayuda llega tarde señores, no vengan ahora a ofrecer lo que se les rogó cuando más se les necesitaba. La razón de por qué ahora se ponen en contacto solo la saben ellos. ¿Remordimientos?, tarde. ¿Solidaridad?, lo dudo" cuestiona la primera víctima reconocida del ex párroco de Tábara, José Manuel Ramos Gordón.
El exseminarista ha destapado los abusos sexuales, reconocidos por el propio Ramos Gordón, a pesar de haber sufrido una situación procesal "injusta", con un "problema de transparencia en las actuaciones" como apuntan abogados canonistas con los que se está asesorando F. L. para continuar una infatigable batalla "por la justicia y la reparación del daño que nos causaron a mí y a mi hermano" asegura. "Este problema de transparencia es el resultado de que aquellos que tienen el deber de asesorar y explicar el funcionamiento de los procesos han guardado silencio dolosamente".
Las mismas fuentes rechazan el argumento del secreto pontificio justificado por el obispo de Astorga para negar a F.L. las actas del proceso. Fuentes jurídicas aseguran que la víctima "tiene todo el derecho a recibir la sentencia de Astorga y la sentencia confirmatoria de la Congregación para la Doctrina de la Fe". Y en el caso de que no esté de acuerdo tiene que apelar, con el derecho a la consulta de las partes del proceso que el obispo estime convenientes conforme a derecho. "El secreto pontificio no puede usarse para impedir que la víctima apele, ni muchísimo menos para encubrir. Si en esas actas hay encubridores, el obispo tiene la obligación de perseguir al encubridor por esas informaciones que aparecen en un proceso".
Es decir, que el secreto pontificio "no es absoluto" como lo demuestra la carta de Benedicto XVI a los católicos de Irlanda en la que establece para toda la Iglesia universal "la obligación de los obispos y superiores de cooperar en todo con la justicia de los estados". Por ello cedería el secreto pontificio al igual que cedió con el formador del seminario menor de Ciudad Real que había abusado de seminaristas y su obispo y su vicario judicial entregaron a la Fiscalía las mismas actas que entregaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
De acuerdo con las mismas fuentes jurídicas que han estudiado el caso, las grabaciones que realizó F. L. con el obispo y el vicario judicial durante el proceso "prueban que no se le informó debidamente de que tenía el derecho de solicitar por escrito al obispo de la diócesis una indemnización durante el proceso a Ramos Gordón, y que al terminar ese proceso con la pena de un año, entonces da inicio la acción de resarcimiento de daños".
Un proceso que debiera sustanciarse entre el abogado de la diócesis y el propio abogado de la víctima, que nunca tuvo, algo que sorprendió hasta al propio obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, quien hasta en dos ocasiones manifiesta su extrañeza de que F. L. no cuente con un letrado que defienda sus intereses. De haberlo tenido, como era lo legal, el proceso terminaría "con una indemnización aceptada por ambas partes".
La delegación episcopal de atención a los menores y acompañamiento de las víctimas de abusos creada por el Obispado de Astorga, y que hoy se presenta oficialmente en la víspera del inicio de la cumbre antipederastia de Roma, está compuesta por especialistas en derecho civil y canónico, sacerdotes, psicólogos y otros asesores.
