La organización agraria Unión de Pequeños Agricultores ha pedido a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que realice labores de control del lobo al norte del río Duero, de igual manera que se realizan al sur del Duero. La organización reclama se tomen las medidas oportunas para frenar los ataques a las ganaderías y se proceda a indemnizar los daños de forma adecuada y proporcional al daño ocasionado.
La petición de UPA supone equiparar el tratamiento del control del lobo entre los territorios al norte -donde era especie cinegética- y el sur, donde es especie protegida.
El Plan de Gestión del lobo amparaba la regulación del lobo como especie cinegética y su regulación poblacional mediante batidas de cazadores. Su anulación por parte delTribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la prohibición de su caza de Castilla y León "está provocando un aumento poblacional descontrolado de la especie cuya consecuencia inmediata es un gran aumento de ataques de lobo a las ganaderías extensivas de la zona", como denuncia la organización agraria.
Piden que sea la propia Junta de Castilla y León la que aplique el Decreto de 2015 que regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento y el control de la fauna. En aplicación del artículo 17, establece que se podrán realizar controles poblacionales de fauna para prevenir perjuicios importantes en cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y las aguas continentales.
El secretario provincial de Desarrollo Rural de UPA, Pedro Fernández San Román, se mostró crítico con la falta de control de una especie que como establece el artículo 16 de la directiva Hábitat habilita "a los estados miembros a adoptar las medidas necesarias y planes de control para evitar daños graves en especial a los cultivos, al ganado, a los bosques, a las pesquerías y a las aguas, así como a otras formas de propiedad".
Fernández recalcó que las medidas de control también están contempladas dentro de la Directiva "en beneficio de la salud y seguridad públicas o por razones imperativas de interés público de primer orden, incluidas las de carácter socioeconómico y consecuencias beneficiosas de importancia primordial para el medio ambiente".
El responsable comarcal recalcó que los ganaderos afectados por los ataques piden el control de los ejemplares que están causando problemas "que haya un control del lobo pero también de toda la fauna que está perjudicando a los cultivos, en particular de la Sierra de la Culebra".
Pedro Fernández abogó por que "los habitantes del medio rural tengan los mismos derechos, la misma protección y calidad de vida que los habitantes del medio urbano". Recomendó a los grupos ecologistas contrarios al medio rural "que exijan la misma calidad ambiental en sus ciudades que en el medio rural y que intervengan en su medio a la hora de imponer sus exigencias, lo mismo que los ganaderos y agricultores queremos capacidad de decisión en los pueblos en los que vivimos".
Para los defensores del lobo "prevalece la vida del depredador sobre la muerte de las ovejas, justificando el ataque a los ganados". Para los ganaderos el lobo es una especie habitual con la que han convivido "que nadie ha pedido su exterminio pero sí que haya un control, si es necesario que se trasladen ejemplares al Pardo de Madrid, a la Casa de Campo o al Retiro, y se vuelva a habilitar la Castellana como vía pecuaria con preferencia de los animales sobre los coches" ironizó Fernández.
El delegado provincial de UPA recalcó que la directiva Habitat "fue dictada por los países miembros, muchos de ellos Estados Nacionales donde el lobo no existe porque exterminaron la especie hace un siglo, como Alemania, Holanda o Bélgica", denunció el representante de UPA.
