La Casa del Parque acogía también ayer la reunión del Patronato de la Reserva Natural de Caza de Villafáfila, envuelta en polémica por los permisos cinegéticos, que reparten los propios ayuntamientos del patronato hasta alcanzar el cupo máximo permitido por la Administración Autonómica.
Un cazador y agricultor de Cañizo, Jesús González acudió a la reunión para expresar su disconformidad con los criterios que permiten obtener permisos para cazar en la reserva, que son: ser propietario de fincas, haber nacido en uno de los pueblos de la reserva, o estar empadronado en uno de sus ayuntamientos. Jesús González cree que por culpa de esta normativa "están dejando sin cazar a muchos hijos del pueblo, porque viven en Valladolid u otras ciudades y tienen que estar empadronados allí". Asegura que "solo en Cañizo han dejado sin cazar a cinco chavales", y critica que "se utiliza la caza para engordar los censos municipales".
Por otro lado, se trataron las indemnizaciones a agricultores y ganaderos por los daños que las especies cinegéticas provocan en sus explotaciones, que en 2018 aumentaron un 20% en 104 parcelas, por las que la Junta de Castilla y León tuvo que pagar 32.989 euros. El 90% del valor de los daños lo provoca el conejo, y en menor medida las avutardas, aunque el pasado año también el lobo causó daños a dos ganaderos, que fueron compensados con 4.200 euros.
La principal especie cinegética es el conejo, que pese a que va descendiendo sigue teniendo consideración de plaga. 2018 fue un año muy negativo para la caza de la perdiz y malo para liebre.
