Las macrogranjas están provocando un cisma entre la población rural de la provincia de Zamora. Allá donde una instalación industrial de porcino se erige o proyecta su futura construcción, el movimiento vecinal se organiza para manifestarse, elevar quejas a las administraciones y poner de manifiesto lo que, a su juicio, es un despropósito ecológico que tarde o temprano acabará dando la puntilla a un entorno rural ya suficientemente depauperado. El tratamiento de los purines derivados de la actividad ganadera son el caballo de batalla entre las asociaciones vecinales que se oponen a estas explotaciones y las administraciones, quienes arguyen que su instalación se encuentran dentro de los márgenes de la ley.

El último episodio de esta polémica, con visos de extenderse aún por largo tiempo, lo protagoniza la Asociación de Pueblos Unidos de la comarca de Tábara. La agrupación presenta un recurso de alzada contra la resolución de la Junta de Castilla y León, firmada por el delegado territorial Alberto Castro con fecha de 14 de diciembre de 2018, por la que se concede la autorización ambiental a la explotación porcina proyectada en Pozuelo de Tábara. Con este recurso se solicita que se deje sin efecto la resolución, al considerarse que no se ajusta a derecho tras detectarse deficiencias en el procedimiento, se revoque y se suspenda su ejecución.

Entre las razones que motivan el recurso de alzada presentado el pasado 19 de enero se encuentra la relativa a la gestión de los purines derivados de la granja porcina. A juicio de la asociación, el plan de gestión es poco creíble pues no se establecen mecanismos de control efectivo sobre el esparcimiento que ofrezcan garantías, dejándolo a la responsabilidad y la buena voluntad del promotor.

Además, no todas las parcelas incluidas en las 293,7 hectáreas vinculadas al plan de gestión son aptas, dice la asociación, para el esparcimiento de purines o cumplen con la normativa preceptiva. El proyecto cuenta con tierras no cultivadas, que quedarían fuera de la norma del vertido de purines.

Por esto, y por otras muchas razones, la Asociación Pueblos Unidos de Tábara ha presentado recurso de alzada ante la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y exige a la Junta que revoque la autorización ambiental concedida a la explotación industrial porcina de Pozuelo.