El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de Unión Fenosa contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obliga a la empresa a abonar al Ayuntamiento de Porto cerca de 80.000 euros en aplicación de la Ordenanza Municipal de ocupación de suelo y vuelo de dominio público. La alcaldesa de Porto, Guadalupe Carracedo Carracedo, de Ciudadanos, informó al pleno, este jueves, de la notificación del nuevo fallo judicial que solo deja a la empresa la posibilidad de recurso de amparo, tras ganar en el contencioso y los recursos ante la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Castilla y León.
La alcaldesa respondió a una pregunta del concejal de la oposición, Francisco Blanco, que desde el año 2014 la empresa solo ha pagado la tasa de un año, la del 2014, mientras que ha recurrido desde 2015 hasta 2017. La liquidación de 2018 no se ha puesto al cobro.
La presidenta de la corporación también informó a los concejales de la admisión por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la alegación de su Ayuntamiento para tener un segundo representante, de los propietarios de Sierras en Porto, dentro del Patronato del Parque Natural del Lago de Sanabria. Un miembro que será elegido entre los propietarios de Porto y por designación municipal. Para la alcaldesa lo lógico es que el representante de los propietarios sea un vecino de Porto antes que de otros pueblos que también son propietarios y establecer el procedimiento de elección "mediante una ordenanza interna".
Guadalupe Carracedo también dio cuenta de la facturación de la luz, señalar que el Ayuntamiento de Porto es la comercializadora de la luz en el municipio. La cantidad a recaudar es de 68.331 euros en 2.568 recibos emitidos, de los que se han recaudado 54.131. Los recibos pendientes, por importe de 14.000 euros, se presentarán individualmente para su abono.
Para los ganaderos que asistieron a la feria anual de Porto se aprobaron ayudas de 250 euros y 500 euros respectivamente a los participantes, sumadas a las que otorga la asociación de ganaderos. En este punto la oposición pidió explicaciones de la pérdida de la subvención de la Diputación a la feria de ganado del pasado mes de agosto, de 3.400 euros, que fue resarcida con una ayuda mayor de "20.000 euros" como explicó la alcaldesa. La oposición reiteró que la información que tenía su grupo es que la ayuda a la feria se solicitó fuera de plazo, mientras que la alcaldesa señaló a "un error informático" porque la documentación se presentó por administración electrónica, antes del día 5 de julio plazo máximo. No se ha podido precisar de qué administración fue este fallo informático.
El grupo de Ciudadanos rechazó la urgencia de la moción presentada por el grupo socialista para instar a la Junta de Castilla y León a incluir como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad las construcciones de piedra seca, al quedar fuera de este reconocimiento la comunidad de Castilla y León, y en particular las paredes y construcciones etnográficas de Porto. El portavoz del PSOE defendió que se haga un inventario general de este tipo de construcción. La alcaldesa por su parte consideró que no era urgente y planteó esperar a que la Junta haga el inventario antes de plantear pedir ayudas. Francisco Blanco concretó que su propuesta no era pedir las ayudas sino instar a la Junta a iniciar el expediente para su reconocimiento.
Dos temas suscitaron una mayor controversia en ruegos y preguntas y cuando Francisco Blanco trató de hacer un balance negativo de la legislatura, por un lado las altas en el padrón de habitantes municipal y la actualización del censo para el cobro de basura. La alcaldesa limitó el tiempo de intervención a tres minutos, aunque finalmente hubo debate.
Mientras que el grupo socialista insinuaba "manipulación" en el censo de habitantes al no dar de alta a nuevos empadronados, la alcaldesa era categórica al señalar que no iba a tolerar acusaciones de ese tipo y que los vecinos que no están en el censo "que vengan esas personas y hagan la reclamación". Una afirmación que provocó comentarios entre el nutrido grupo de vecinos que asistieron. "Ya han estado aquí" dijeron algunos. La alcaldesa ahondó en sus explicaciones para apuntar que "se aseguren antes de quién es problema". En este caso en un cambio de empadronamiento hay un ayuntamiento que tiene que dar de baja y otro de alta.
En cuanto al padrón de basuras, para el PSOE está sin actualizar, mientras que para la alcaldesa el nuevo censo se remitió a la Mancomunidad de la Alta Sanabria, quien gestiona el cobro, el uno de enero del pasado año con nuevas construcciones y viviendas que no figuraban en el padrón anterior.
Otro tema que suscitó debate fue el nombramiento de un trabajador municipal como juez de Paz, que para el grupo socialista puede incurrir en incompatibilidades además de "acaparar" puestos, mientras que para la alcaldesa, al no ser funcionario de la corporación, no hay incompatibilidades. El tema queda pendiente de informe técnico de la Secretaría.
