El expárroco de Tábara, José Manuel Ramos Gordón, comienza hoy a cumplir la pena de diez años recluido en un monasterio por abusos sexuales a menores mientras el Obispado de Astorga ha apartado cautelarmente de las parroquias a otro sacerdote de la diócesis, Ángel Sánchez Cao, investigado igualmente por pederastia. Así lo confirmaba ayer en propio Obispado en un comunicado oficial según el cual, a partir de hoy Ramos Gordón comienza a cumplir la condena impuesta tras una segunda denuncia de un alumno del colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabriaque sucede a la que cursó F. L, ex seminarista de La Bañeza, y que supuso la primera condena canónica y el reconocimiento de los hechos por parte del cura pederasta.

Ramos Gordón interpuso el pasado mes de septiembre un recurso de reposición ante el obispo contra el Decreto penal que le desterraba a un monasterio. Ese recurso ha sido rechazado y después de haber manifestado el sacerdote su intención de no ejercer el derecho al recurso de alzada ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, el caso ha pasado a ser "cosa juzgada". Por tanto el ex párroco de Tábara cumplirá la pena canónica que consiste en la prohibición del ejercicio del ministerio sacerdotal en público y en residir durante diez años en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga.

La medida se produce a la vez que el Obispado de Astorga se ve salpicado por un nuevo caso de presuntos abusos sexuales a menores por parte del sacerdote Ángel Sánchez Cao, ejerciente en parroquias gallegas. Este cura ha sido investigado por presuntos delitos de abusos a menores cometidos en el año 1980 en el seminario de la Bañeza. Fue un antiguo alumno de este centro religioso, el leonés Emiliano Álvarez, quien en febrero de 2017 presentó una denuncia en el Obispado de Astorga contra Sánchez Cao acusándole de haber abusado sexualmente de él cuando era un niño. El caso está pendiente de respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sin que durante el proceso se tomaran medidas cautelares contra el sacerdote. Sin embargo nuevas revelaciones "fundadas" que afectan a este religioso, de las que ha tenido noticia recientemente el obispo Juan Antonio Menéndez, sobre otro presunto abuso a un menor en la misma fecha y lugar que la denuncia de Emiliano Álvarez, han llevado a la apertura de una investigación preliminar para esclarecer los hechos.

"Después de examinar las nuevas circunstancias se le han impuesto al sacerdote algunas medidas cautelares para garantizar la libertad y el buen desarrollo de dicha investigación" explica el Obispado de Astorga en un comunicado. Entre otras medidas se le ha apartado de las parroquias y del ejercicio público del ministerio así como la prohibición de mantener contacto con menores y con la presunta víctima.

"Estas medidas son provisionales y no prejuzgan la culpabilidad o inocencia del demandado" precisa el Obispado después de afirmar que "sigue adoptando medidas para atender las denuncias, a pesar de que los casos puedan estar prescritos civil y canónicamente". "Estos lamentables hechos no deben empañar la honorabilidad y el buen hacer de los sacerdotes del presbiterio diocesano que están entregando cada día su vida al servicio de Dios y de los hermanos" concluye el comunicando oficial.