José Manuel Ramos Gordón, ex párroco de Tábara condenado canónicamente por abusos sexuales a menores, comienza hoy a cumplir la pena impuesta en un monasterio fuera de la diócesis de Astorga. La medida se toma una vez que se ha rechazado el recurso de reposición interpuesto por el sacerdote ante el obispo de Astorga contra el Decreto penal en el mes de septiembre.
Después de haber manifestado su intención de no ejercer el derecho al recurso de alzada ante la Congregación para la Doctrina de la Fe y una vez transcurrido el tiempo previsto por la ley, el caso ha pasado a ser “cosa juzgada”, según ha informado el Obispado de Astorga en un comunicado oficial.
Por tanto, José Manuel Ramos Gordón cumplirá la pena canónica que consiste en la prohibición del ejercicio del ministerio sacerdotal en público y en residir durante diez años en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga.
Por otro lado el Obispado de Astorga ha confirmado que se han tomado medidas cautelares contra otro de los sacerdotes de la diócesis, Ángel Sánchez Cao, también investigado por presuntos delitos de abusos a menores cometidos en el año 1980 en el Seminario de la Bañeza. Y aunque aún no se ha recibido respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el caso denunciado por el exseminarista Emiliano Álvarez, el Obispado ha recibido recientemente "noticias fundadas sobre otro presunto
abuso del sacerdote a un menor en la misma fecha y lugar por lo que se ha ordenado una investigación preliminar para esclarecer los hechos".
Después de examinar las nuevas circunstancias, el Obispado de Astorga comunuca que se le han impuesto al sacerdote "algunas medidas cautelares para garantizar la libertad y el buen desarrollo
de dicha investigación". Entre otras medidas se le ha apartado de las parroquias y del ejercicio público del ministerio así como la prohibición de mantener contacto con menores y con la presunta víctima. Estas medidas son provisionales y no prejuzgan la culpabilidad o inocencia del demandado.
La Diócesis de Astorga "sigue adoptando medidas para atender las denuncias, a pesar de que los casos puedan estar prescritos civil y canónicamente, y prevenir abusos a menores siguiendo el Protocolo establecido en la Diócesis. Estos lamentables hechos no deben empañar la honorabilidad y el buen hacer de los sacerdotes del presbiterio diocesano que están entregando cada día su vida al servicio de Dios y de los hermanos".
