Una placa con la inscripción de la Guardia Civil es el último vestigio que ha quedado tras la reciente demolición de la casa cuartel de la Benemérita en Moraleja del Vino. Las malas condiciones arquitectónicas que presentaba el inmueble, cuya construcción se autorizó en 1944, provocaron el traslado del puesto del Instituto Armado desde Moraleja a la vecina localidad de Arcenillas en el año 2014. "La noticia del traslado provocó tristeza en el pueblo porque era un cuartel con mucha historia en Moraleja", señaló la alcaldesa Eva Calvo. Cuatro años después, los trabajos de derribo fueron adjudicados a la empresa Recorsa el pasado mes de agosto por un importe de 36.445 euros y ha sido a mediados de diciembre cuando se ha completado la obra con la retirada de los últimos escombros. La parcela que ocupaba el cuartel de referencia de la Guardia Civil en esta zona de la Tierra del Vino es ahora un solar en el que solo se mantiene en pie parte de la fachada principal.
El de Moraleja no ha sido el único cuartel de la provincia que ha tenido que ser abandonado por sus malas condiciones de habitabilidad. Manganeses de la Lampreana, en la Tierra del Pan, ha visto este mismo año como el destacamento de la Guardia Civil presente en la localidad se ha trasladado desde el cuartel, ubicado a las afueras del municipio, a una antigua sucursal bancaria, habilitada para acoger a los agentes. Y como ya ocurriera entonces en Moraleja, el abandono del cuartel de Manganeses abre el debate sobre el futuro de estas instalaciones.
Casas y uso social
La agrupación de Izquierda Unida de Moraleja del Vino abanderó en 2016 la reivindicación para rehabilitar y revertir el uso de la casa cuartel en viviendas públicas. Asimismo solicitaban destinar la parte de oficinas a usos sociales. Aunque aquella reivindicación, de carácter local, no fue satisfecha, la Junta de Castilla y León estudia ahora medidas en ese sentido.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente baraja la posibilidad de incorporar los cuarteles abandonados por la Guardia Civil al Parque Público de Alquiler Social, una iniciativa que suma 1.954 viviendas, de las que un centenar están libres. Esta apuesta mantiene congelada la promoción de VPO en la Comunidad, en línea con la orientación del Plan Estatal 2018-2021, que el Gobierno prevé ahora dotar con más fondos.
El departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones pretende reforzar el parque público en el medio rural con inmuebles como los cuarteles de la Guardia Civil, tras suscribir ya numerosos convenios para poner en el mercado las casas de los Obispados o de los ayuntamientos, a través del programa Rehabitare. Todo ello ha permitido a Castilla y León rozar las 2.000 viviendas, un 78 por ciento más que en 2013, cuando arrancó con 1.096.
En ese sentido, fuentes de la Consejería de Fomento indicaron que en ocasiones los ayuntamientos les trasladan las dificultades que tienen las personas que deciden instalarse en los pueblos, ante las ofertas de trabajo de agricultores y ganaderos, ya que pese a existir muchas casas cerradas, pocas se alquilan y gran parte de las disponible no presentan las condiciones de confortabilidad adecuadas.
Asimismo, el departamento de Suárez-Quiñones subraya que se ha logrado un aumento "considerable" de las viviendas del Parque Público, puesto que casi han doblado las existentes en cinco años. Además, destacó que se incluyeron las viviendas protegidas de Somacyl, que se había edificado con recursos públicos. Se ofrecen mediante la fórmula del alquiler con opción a compra a cinco años, una figura que sin embargo no se utiliza para la adquisición.
Por estas viviendas de alquiler social se pagan rentas de entre 100 y 150 euros al mes, por lo que la cantidad aportada no es muy elevada. Para ello, la Junta exige estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública, solicitando una casa en un municipio determinado y tener unos ingresos entre una y 6,5 veces el IPREM y no ser propietario de otra vivienda.
