El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la sentencia dictada el pasado verano por un jurado popular en la Audiencia Provincial de ZamoraAudiencia Provincial de Zamora, que declaraba culpable de un delito de malversación de fondos públicos al ex-alcalde de Peleas de Abajo, Marcelo Jurado Rodríguez, y le condenaba a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación para cargo o empleo público, así como a devolver al Ayuntamiento de Peleas de Abajo los 14.559,51 euros de dinero público que cobró de forma ilícita. Del mismo modo, el TSJ ratifica la condena impuesta al que fuera teniente de Alcaldía y tesorero municipal en la época en que Jurado distrajo los caudales públicos, el señor Bernardo Prieto Pascual, sentenciado por la Audiencia Provincial a tres años de prisión y cinco de inhabilitación especial para el cargo.

Tras dicha sentencia, las defensas de los dos ex-políticos del Partido Popular presentaron sendos recursos en los que Jurado pedía su absolución y Prieto la nulidad de la sentencia. El letrado del exalcalde sostuvo que durante el juicio se vulneraron las garantías procesales de ambos condenados porque, tras terminar la vista oral, el jurado se disolvió durante dos días, sin aislamiento y con acceso a toda la información que se estaba publicando en los medios de comunicación acerca del caso. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia considera que no hay base suficiente para admitir tales alegatos.

No obstante, a los condenados aún les queda un último cartucho que es presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, según indica el propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en su fallo.

También insistió la defensa en que lo que cobró el exalcalde no fueron dietas, sino atrasos de nóminas y pago de adelantos de dinero que él había realizado, en un ayuntamiento con una situación complicada, que llegó a ser conocido por ser el más endeudado de España, algo descartado por el TSJ.

El magistrado de la Audiencia Provincial que dirigió el juicio con jurado ajustó prácticamente la condena impuesta a los dos condenados a la petición de la Fiscalía, que era de 4 años y medio para el exregidor del PP. El jurado fue unánime al considerarlo culpable de malversar 14.559,50 euros entre abril de 2007 y agosto de 2009, dinero que habría cobrado en dietas sin justificar y a pesar de haber sido advertido por la secretaria del Ayuntamiento acerca de la ilegalidad en su forma de proceder. La sentencia de la Audiencia Provincial, ahora ratificada por el TSJ, considera que ex-regidor obtuvo "un beneficio económico personal" mediante "un plan preconcebido".

Para ello habría contado con la ayuda del teniente de alcalde, Bernardo Prieto Pascual, considerado un "colaborador necesario", aunque en su caso fueron solo siete de los nueve jurados los que votaron su condena.

Las defensas de los condenados tienen ahora un plazo de cinco días para presentar el recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo si lo consideran necesario.