La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y los portavoces de los Grupos Parlamentarios en las Comisiones de Agricultura y Ganadería y Fomento y Medio Ambiente mantuvieron ayer una reunión con representantes de las organizaciones profesionales agrarias y la Federación de Caza para analizar el Plan de Aprovechamiento del Lobo en Castilla y León una vez anulada, por el Tribunal Superior de Justicia, la caza de esta especie al norte del río Duero que atraviesa la Comunidad.

La medida cautelar, adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por la que se suspende la ejecución del plan de aprovechamientos comarcales del lobo al norte del Duero, supone que no se permite cazar esta especie en esa parte de la Comunidad lo que está produciendo, según las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) y la Federación de Caza, un "daño medioambiental, así como a la actividad ganadera, cinegética, económica y social de Castilla y León".

Los representantes de los grupos parlamentarios en las Comisiones de Agricultura y Ganadería y Fomento y Medio Ambiente escucharon los planteamientos de cada organización agraria y de la Federación de caza y se han comprometido a estudiar las posibles soluciones a este problema.

En el primer trimestre de este año, como se ha puesto de manifiesto en reunión, se han producido 1.486 ataques de lobo en la zona del Sur del Duero de la Comunidad frente a los 1.021 del mismo periodo del pasado año. Lo que supone un incremento de un 45%. En la zona norte se han contabilizado, en el primer trimestre del 2018, 430 ataques frente los 361 del pasado año. Lo que supone un aumento del 19%.