El Observatorio de la Sostenibilidad (OS) ha publicado el informe sobre recuperación de las concesiones hidroeléctricas en España, con detalle de la expiración de la concesión de los embalses para que las comunidades autónomas y los municipios impactadas por estas presas, "sean los que vigilen y soliciten la reversión de estas concesiones". En muchas ocasiones, se indica, "estas comunidades autónomas que soportan estas infraestructuras que coinciden con menores niveles de riqueza, podrían obtener una serie de beneficios ya que han soportado los efectos ambientales de estas presas durante decenios".

Los plazos de concesión de los aprovechamientos, establecido en 75 años, van llegando o acercándose a su fin. En la provincia de Zamora Ricobayo, implantado en la cuenca del Esla, con inicio de la concesión en el año 1933, cumplió el plazo en 2008. El aprovechamiento de Villalcampo será, en el año 2014, el próximo en cumplir con el tiempo de concesión, seguido de Castro, en 2017. Ambos situados en la cuenca del Duero. Le seguirán a continuación los embalses situados en la cuenca del Tera, con Cernadilla como primer aprovechamiento que cumple la concesión, en el año 2044, seguido de Valparaíso, en 2063 y Nuestra Señora de Agavanzal, en 2069.

El informe sobre la recuperación de las concesiones hidroeléctricas en España está motivado, según se expone, por razones que tienen que ver con "los elevados precios de la electricidad de este verano de 2018 donde se han observado precios de energía récord desde hace 10 años a pesar de contar con abundantes reservas hídricas en los embalses hidroeléctricos". Se alude, además, al informe "Sostenibilidad en España 2018 Informe basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)" del propio OS y en concreto en la evolución del ODS 7 Energia Asequible para todos los ciudadanos donde se observa que la electricidad que pagan los españoles es de las más caras de Europa, que es una fuerte traba para la competitividad de las empresas y un grave problema para capas importantes de la población que no pueden enfriar sus casas en verano o calentarlas en invierno.

Otra motivación son "las elevadas concentraciones de CO2 medidas en la atmósfera que y los efectos cada vez más visibles del cambio climático". Según se indica, "en el 2018 se observaron fenómenos extremos meteorológicos en todo el mundo y en nuestras latitudes importantes olas de calor. Por otra parte los elevadas niveles de emisión de CO2 de la economía española, que entre 2014 y 2017 fueron los mayores de los países desarrollados y que en 2017 aumentaron un 3,4% respecto a 2016 y por ello, la necesidad de disminuir estas emisiones potenciando y controlando las energías renovables".

Asimismo se apunta a la gestión de agua. Al respecto se indica que "en el 2017 y en los años anteriores hubo una fuerte sequía y la priorización en la gestión del agua fue cuestionada entre usos hidroeléctricos respecto a agrarios o ambientales, mientras se han podido utilizar los embalses como reserva a la hora de marcar precio en el mercado eléctrico, ya que se sitúa al lado de las térmicas y puede venderse este recurso a un precio mucho más elevado que el real".

En dicho informe se indica que "con la reversión de estas concesiones se conseguirían importantes beneficios para la sociedad: una disminución del precio de la electricidad al tratarse de activos amortizados que otorgan a las grandes eléctricas una gran influencia en el precio del mercado. También un mayor control público de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua sobre todo en épocas de sequía que previsiblemente serán cada más frecuentes en un escenario de cambio climático". Para los redactores del informe la reversión al Estado de los aprovechamientos podria luego favorecer su licitación en conciones más favorables a la sociedad.