El proyecto para la construcción de una explotación intensiva de porcino, con capacidad para 4.600 plazas de cebo, en Pozuelo de Tábara cuenta con una propuesta provisional de Medio Ambiente para su ejecución. El alcalde la localidad, el socialista Jesús Ángel Tomás Pino, confirmó ayer la existencia de este paso previo a la resolución definitiva que determinará si se puede construir o no esta granja que ha levantado suspicacias en una parte de la población. Tomás Pino se ha posicionado a favor de que se levante esta construcción proyectada por Agropor siempre y cuando "cumpla con la ley".

El alcalde de Pozuelo avanzó ayer esta información después de que la asociación Pueblos Unidos de la comarca de Tábara, con 250 socios de cuatro municipios, haya remitido en los últimos días una petición al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para que informe sobre el estado en el que se encuentran las autorizaciones ambientales que requieren este tipo de explotaciones. Además de la granja prevista en Pozuelo, Pueblos Unidos también se ha interesado por la explotación que el grupo catalán Batallé pretende levantar en Faramontanos. Este proyecto contempla una gran granja que dé cabida a 12.000 cerdas de reposición. La alcaldesa de Faramontanos, Amaranta Ratón Fresno, del PP, aseguró ayer que desconoce el punto en el que se encuentra la tramitación de la autorización ambiental de la Junta.

Ratón Fresno restó importancia a la polémica suscitada por la posible construcción de la granja entre algunos vecinos y recordó que el proyecto estuvo expuesto al público y no se presentaron alegaciones. "Nosotros cumpliremos con la ley. Si dan paso al proyecto, nosotros le daremos paso, pero la competencia de Medio Ambiente es exclusiva de la Junta y no del Ayuntamiento", aclaró la regidora de Faramontanos.

Desde la asociación Pueblos Unidos de la comarca de Tábara su portavoz, Mercedes Alonso, admitió que no presentaron alegaciones al proyecto de Faramontanos porque en aquél momento - junio de este año - "no sabíamos nada sobre macrogranjas". A pesar de este contratiempo, Alonso reclama el derecho de los vecinos a conocer el proyecto: "Vamos a esperar la respuesta de la Junta y si estas licencias están muy avanzadas por lo menos vamos a luchar para que no nos pongan más", señaló.

Las asociaciones en contra de la construcción de grandes explotaciones ganaderas en la provincia presentaron la pasada semana una queja ante el Procurador del Común en la que detallaban las supuestas irregularidades cometidas en estas granjas y la petición para aumentar los controles. Estas mismas reivindicaciones también han llegado a Bruselas después de que las plataformas remitieran una petición a la Comisión Europea.