23 de noviembre de 2018
23.11.2018

Pueblos Vivos pide más transparencia en las macrogranjas

La coordinadora solicita ante el Procurador del Común que se extienda la exigencia de las licencias de actividad

22.11.2018 | 23:15
Los representantes de la coordinadora Pueblos Vivos presentan sus quejas al Procurador del Común.

El movimiento en contra de la proliferación de macrogranjas de cerdos en la provincia de Zamora está tocando todas las puertas posibles para evitar la contaminación del aire, el suelo y el agua de los pueblos. Si el pasado miércoles se hacían oír en el Parlamento Europeo, ayer presentaban al Procurador del Común de Castilla y León una retahíla de quejas sobre las irregularidades que, presuntamente, se están cometiendo en la construcción de estas explotaciones.

La Coordinadora Pueblos Vivos de Zamora, que agrupa a las asociaciones y plataformas vecinales surgidas en decenas de municipios de la provincia de Zamora donde se han planteado proyectos para la construcción de macrogranjas, fue la encargada de presentar ayer en el Consejo Consultivo la lista de agravios y reivindicaciones a una representante del Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León encargado de defender a los ciudadanos de la Comunidad.

Entre las cuestiones planteadas al Procurador del Común están las alegaciones y denuncias presentadas -y posteriormente ignoradas por las Administraciones- contra "irregularidades" como el inicio de las obras de la granja de Cerecinos de Campos "sin contar con la licencia urbanística", o "la construcción de una balsa para purines sobre un acuífero en Faramontanos de Tábara". Según explicaban desde la coordinadora, esta balsa estaba llena de agua hasta la mitad el pasado verano, cuando no llovía, como consecuencia de filtraciones de aguas subterráneas, algo que demostraría que el purín que se vierta en el futuro a esa balsa se filtrará a su vez a estas corrientes naturales de agua que circulan por debajo del suelo hacia los ríos.

Por otro lado, los representantes de Pueblos Vivos de Zamora expresaron su malestar por la falta de publicidad de las solicitudes de licencias de las macrogranjas. La coordinadora sostiene que muchos ayuntamientos, y también la Junta de Castilla y León, hacen lo posible para que estos proyectos "pasen desapercibidos" y así "evitar que los vecinos de los pueblos puedan presentar alegaciones".

Por este motivo, una de las reivindicaciones de esta coordinadora anti-macrogranjas es que la licencia de actividad que requieren las granjas de tercera categoría –entre 320 y 720 Unidades Ganaderas Mayores (UGM)– se comience a exigir también a las explotaciones de segunda categoría –de 120 a 320 UGM–, o lo que es lo mismo, a todas las explotaciones que superen los 857 animales.

A mayores, la coordinadora solicitaba al Procurador del Común que exija a la Junta de Castilla y León mayor control del sector. En la actualidad, con más de 800 granjas de porcino en la provincia de Zamora (datos recabados por la Junta de Castilla y León en 2016) se cuenta con 23 técnicos para llevar a cabo inspecciones, y siempre se avisa previamente a la empresa.

Pero Pueblos Vivos de Zamora va más allá y no pide solamente que se vigile el cumplimiento de la normativa actual, sino un cambio de las leyes para cambiar el modelo productivo. "No tenemos nada en contra del sector porcino, pero sí en contra de las consecuencias que generan estas explotaciones que son verdaderas granjas de fabricar purines, aplicando la normativa vigente", aseveró uno de sus portavoces, Pedro Luis Anta, de Cerecinos de Campos. Desde la coordinadora recuerdan que "no hay que irse lejos para comprobar los efectos de estas consecuencias", ya que en la provincia de Segovia "el nivel de nitrificación del agua ya supera los 50 miligramos por litro y no es potable". El nivel de nitratos en el agua de la comunidad ya se ha multiplicado por cuatro entre el 2000 y el 2016, pero desde Pueblos Vivos recuerdan que "hay alternativas", como "el reciclado de los purines, que en Alemania es obligatorio".

El representante de la plataforma de Tierra de Alba (integrada en la coordinadora), Luis de Nicolás Latorre, tomó la palabra para recordar que la contaminación no solo procede de las granjas más grandes que superan las 360 UGM (unas 60 funcionando o en proyecto en Zamora), sino principalmente de las medianas (unas 250 en la provincia) y las pequeñas (cerca de 600), que en su conjunto suman más cerdos y que están dentro del mismo modelo de producción que las grandes porque "están casi todas integradas en Cobadú, que suministra los piensos y hace de intermediario con las corporaciones megacárnicas, pero no remata el ciclo en la provincia de Zamora, que sería lo interesante desde el punto de vista del empleo". Asimismo, la mayoría de estos proyectos están financiados por una cooperativa de crédito zamorana, que junto a Cobadú "están contribuyendo a inflar una burbuja, la del porcino, que correrá peligro si la peste porcina africana llega a España".

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