Irene Gómez
El ex seminarista F. L., la primera víctima de José Manuel Ramos Gordo que consiguió una pena canónica para el ex párroco de Tábara y otros pueblos de la comarca por abusar sexualmente de él y su hermano gemelo, prosigue su batalla por la reparación de los daños sufridos. Tras la negativa del Obispado de Astorga a facilitarle el expediente sobre el caso instruido a raíz de la carta enviada al papa Francisco donde contaba su calvario cuando era un niño, F. L. recurre de nuevo a Roma con el objetivo de que sea escuchada su demanda.
Tal es el sentido de la comunicación remitida al Tribunal Eclesiástico de la Congregación para la Doctrina de la Fe como "primer interesado y perjudicado, víctima reconocida". F. L. reclama que "me sea remitido el expediente del proceso administrativo-penal abierto en el año 2015 en el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Astorga contra el sacerdote, José Manuel Ramos Gordón".
Esta víctima, que ni dispuso de abogado durante el procedimiento ni en ningún momento tuvo acceso a las declaraciones y pruebas instruidas por el vicario judicial, exige su "derecho como parte afectada" a un expediente de enorme calado, pues entre las distintas pruebas recabadas contiene las declaraciones de varios sacerdotes admitiendo ser conocedores de los abusos sexuales cometidos por Ramos Gordón durante su etapa como educador en el seminario menor de La Bañeza, a finales de los años 80.
La petición a Roma se basa en la respuesta recibida del vicario judicial de la Diócesis de Astorga asegurando que "las actas y todo el expediente del procedimiento al que usted se refiere han sido remitidos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, dado que los delitos juzgados están reservados a dicho organismo de la Santa Sede".
Todo ello a pesar de que "me dijeron que una de las tres copias existentes se guarda en el Obispado de Astorga" argumenta F. L. "Una vez más están mintiendo y ocultando, parece que existe miedo a que se descubra que tiene tanta culpa mi verdugo como todos los que sabían que estaba abusando de mí, de mi hermano y de otros niños y lo consintieron, permitieron que Ramos Gordón continuara delinquiendo y no les importó mantenerlo cerca de menores, tanto en el seminario como en el Juan XIII como en Tábara y todos los pueblos por los que pasó. Eso les da mucho miedo, pero no voy a parar como no he hecho hasta ahora en el esclarecimiento de la verdad y en el derecho a que nos reparen un daño por otro lado irreparable en lo personal".
F. L. se pregunta "en qué somos distintas las víctimas de España a las de otros países, por qué otras diócesis del mundo han atendido, escuchado e indemnizado y aquí nos siguen tratando como apestados, minimizando los daños con argumentos tan insensatos como que son casos contados cuando cada".
La petición a la Santa Sede coincide con el nombramiento del maltés Charles Sciascia, como secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Conocido como el arzobispo "cazapederastas", Sciascia abre una puerta de esperanza a las víctimas que reclaman justicia, entre las que se encuentra el joven leonés de quien abusó José Manuel Ramos Gordón en el curso 1988-1989, siendo alumno de 8º de EGB.
El prelado chileno se ha convertido en todo un símbolo en la lucha contra la pederastia del clero por la dirección de investigaciones delicadas como la de Marcial Maciel o los abusos y encubrimientos en Chile. Monseñor Charles Judea Sciascia de 59 años, quien conserva el oficio de arzobispo de Malta, fue enviado en febrero de 2018 por el Papa en misión a Chile, para reunir testimonios sobre los abusos y sobre los encubrimientos perpetrados por décadas, sin que se garantizara ni atención ni acogida a las víctimas; un caso que culminó con la renuncia de toda la cúpula obispal chilena.
En declaraciones a medios vaticanos, el obispo Sciascia se ha comprometido a trabajar "al servicio de la verdad y de la justicia".
Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha admitido esta misma semana en una entrevista a la agencia Efe que durante años la Iglesia ha guardado un "silencio cómplice" ante los casos de pederastia en el seno de esta institución, que ha enmarcado en un contexto de "inacción de toda la sociedad española" ante estos delitos.
"Es verdad que la Iglesia está obligada a un testimonio más coherente que nadie, pero esto no exime al resto de asumir su cuota de responsabilidad en esta cultura común compartida de silencio", ha considerado Gil Tamayo en la entrevista concedida una semana antes de concluir su mandato.
El Obispado de Astorga tiene pendiente de resolución un proceso que afecta a otro sacerdote de la diócesis a raíz de la denuncia de Emiliano Álvarez, antiguo alumno de La Bañeza, contra A. S. C. (párroco en un pueblo de Orense). El propio obispo Juan Antonio Menéndez confirmó el pasado mes de septiembre que la investigación ya está concluida, y las actas y conclusiones ya han sido enviadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe para su resolución definitiva. Por el momento el ex seminarista no ha te nido noticias sobre la resolución de su caso.
