La víctima de Ramos Gordón ya había planteado la prolongación de los plazos de prescripción de los delitos de abusos sexuales a menores durante una reunión en el Congreso de los Diputados, el pasado mes de mayo, con miembros del Grupo Socialista días antes de la moción de censura al gobierno del PP. La delegación socialista la encabezaba la entonces diputada y hoy ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet. Junto a F. L. acudieron otras víctimas o familiares de niños abusados, como Juan Cuatrecasas, padre del menor que denunció a un profesor del colegio del Opus Dei Gaztelueta y cuyo caso ya ha sido juzgado y está pendiente de sentencia. En esa reunión, la víctima del expárroco de Tábara entregó personalmente a Meritxell Batet una carpeta con todo el dossier de cartas al papa y otras instituciones eclesiásticas, así como la resolución del Obispado de Astorga condenando a Ramos Gordón a un año de privación del oficio de párroco. "Le dije a la señora Batet que era necesario acabar con los ridículos plazos de prescripción de estos delitos y a la vez que los políticos deberían exigir a la iglesia que se haga responsable de las víctimas". En esa reunión las víctimas entregaron un documento titulado "Propuestas para la mejora del amparo legal a las víctimas de acoso escolar, agresión y abusos sexuales, en condición de minoría de edad". Los promotores de esa iniciativa agradecen la postura del Gobierno en defensa de las víctimas, piden que se sumen todos los partidos y la exigencia de que la jerarquía eclesiástica española reconozca y resarza a las víctimas y asuma los delitos.
