La voz de los zamoranos contra las macrogranjas se hizo oír ayer en las calles del centro de Madrid. Numerosos colectivos de oposición a la ganadería industrial de toda España aprovecharon la Fiesta de la Trashumancia que se celebró este domingo en la capital para mostrar su descontento por "la desmesurada proliferación de la industria intensiva de porcino" y sus consecuencias "adversas" para el medioambiente. La representación zamorana alcanzó el centenar de personas aglutinadas bajo una pancarta en la que se podía leer "El negocio del marrano mata al campo zamorano". En el transcurso de la marcha pusieron de relieve la problemática y la urgencia que atañe a la provincia, donde en el último año la cabaña de cerdo ha aumentado en cien mil animales hasta alcanzar un total de 424.000. "La gente empieza a darse cuenta de que hay que poner freno porque en poco tiempo tendremos nuestro patrimonio natural destrozado", expresó Emilia Román, una de las portavoces de la plataforma Pueblos Unidos de la comarca de Tábara.
La consigna "Sí a la trashumancia, no a las macrogranjas" se elevó por encima del atronador sonido de las 1.500 ovejas que recorrieron la calle Alcalá, por donde discurre la Cañada Real. Las cinco plataformas zamoranas contra este tipo de instalaciones aprovecharon la jornada de protesta para unificar criterios con asociaciones de otros puntos de España afectados, como Aragón y Castilla-La Mancha. Todas esas reivindicaciones convergerán en una petición conjunta que la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial hará llegar a las instituciones europeas. Será el próximo día 21 de noviembre y a la cita acudirá una representación de cada región.
El documento que las asociaciones quieren remitir a Bruselas cuenta con el respaldo del eurodiputado español Florent Marcellesi, del partido Equo, con quien trabajan estrechamente desde finales del año pasado. La petición todavía se encuentra en proceso de elaboración y abordará las principales controversias que giran en torno a las macrogranjas: degradación de suelos, contaminación del agua y eliminación de purines, entre otras.
La Coordinadora también ha participado en la consulta pública realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez para el proyecto de Real Decreto que establecerá las normas básicas de ordenación para las explotaciones porcinas intensivas. El texto sobre el que se trabaja contempla "reforzar y ampliar" los requisitos en materia de bioseguridad, sanidad animal e impacto medioambiental.
