Los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Montamarta han denunciado a la alcaldesa, Cristina Folgado Gago, ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora al entender que se ha producido una "constante vulneración de sus derechos" durante las últimas sesiones plenarias.
En el escrito dirigido por los concejales de la oposición a la Fiscalía acusan a la alcaldesa de Montamarta de haber "impedido el ejercicio de los derechos cívicos", un delito tipificado en el Código Penal que podría suponer una pena de inhabilitación.
El documento está firmado por los tres ediles del Partido Socialista y por el concejal no adscrito Pablo Amigo. La alcaldesa, Folgado Gago, de Unidos por Montamarta, gobierna en minoría gracias al apoyo de los dos ediles del Partido Popular.
Los denunciantes señalan como máximos exponentes de esas irregularidades las acontecidas en el pleno extraordinario del pasado 29 de agosto y en la sesión del 26 de septiembre. Según el escrito dirigido al ministerio público, en la sesión del 29 de agosto estaba previsto que se aprobase el acta de la sesión anterior y el examen de las alegaciones presentadas por un vecino del municipio a los Presupuestos Generales del Ayuntamiento para el ejercicio 2018.
En el inicio de dicho pleno, el concejal y portavoz del grupo socialista, Rogelio Conde, presentó alegaciones al acta de la sesión plenaria anterior. La oposición explica en su escrito que la alegaciones de Conde fueron rechazadas por la alcaldesa sin ser sometidas a votación para su aprobación o rechazo por parte del pleno.
En el segundo punto del día, la alcaldesa presentó una propuesta para modificar el presupuesto pero, siempre según la versión de la oposición, no presentó el escrito de alegaciones registradas por un vecino en el Ayuntamiento. Los concejales ponen de manifiesto que la alcaldesa, Folgado Gago, negó la palabra al edil no adscrito Pablo Amigo y el resto de la oposición, coartando el debate. Los denunciantes entienden que esa decisión va contra el Reglamento de las Entidades Locales y contra el artículo 23 de la Constitución.
Tras pedir un receso, el grupo socialista y el concejal no adscrito decidieron abandonar el salón de plenos como forma de denuncia por la conducta "arbitraria" que, dicen, mantuvo la alcaldesa. Del mismo modo solicitaron al secretario que recogiese con fidelidad lo sucedido.
Prohibición de grabar
La oposición del Ayuntamiento de Montamarta también carga en su escrito contra la alcaidesa por negarles la posibilidad de grabar el pleno convocado el 26 de septiembre. Los concejales alegan que la ley que regula el régimen local establece que las sesiones plenarias son públicas y solo podrán ser secretos el debate y la votación si así se acuerda "por mayoría absoluta".
