A cuatro meses de la reunión convocada por el papa Francisco en el Vaticano -entre el 21 y el 24 de febrero de 2019- para hablar de los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal anunciaba ayer el nombramiento del obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, para presidir una comisión creada con el fin de preparar los materiales de trabajo que presentará en Roma el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cardenal Ricardo Blázquez.

Con Juan Antonio Menéndez al frente, en el Obispado de Astorga se han instruido durante los últimos años tres procesos canónicos por denuncias de abusos sexuales a menores por parte de dos sacerdotes de la Diócesis. En dos de los casos la Congregación para la Doctrina de la Fe de Roma ha dictado sendas resoluciones condenatorias contra el sacerdote y ex párroco de Tábara, José Manuel Ramos Gordón, por abusar de menores cuando era educador en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria y posteriormente en el Seminario Menor de La Bañeza.

En su reunión de septiembre el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal aprobó la creación de una comisión que, en primera instancia, tendrá un cariz "fundamentalmente jurídico". Según ha informado la CEE, esta comisión estará compuesta por juristas de la Junta de la Episcopal de Asuntos Jurídicos; del Servicio Jurídico Civil; del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica; del Servicio Jurídico de CONFER; y de la Vicesecretaría para Asuntos Generales. Y además de preparar la documentación para la reunión en Roma, la comisión actualizará los protocolos de actuación de la Iglesia española que están sirviendo hasta ahora, "para tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico". Posteriormente, y ya de manera interdisciplinar, trabajará en la redacción de una nueva normativa de la Conferencia Episcopal Española para la prevención y protección de abusos sexuales a menores.

La nueva normativa, que sustituirá a los protocolos actuales, "se adecuará de manera más perfecta al "Modelo de Directivas" redactado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores con fin de ayudar a las Conferencias Episcopales y a las Congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual, para responder a los abusos en la Iglesia y para demostrar integridad en este trabajo". Estas Directivas se basan en la labor ya emprendida por muchas Conferencias y en la orientación de la Carta Circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 3 de mayo de 2011.

Los escándalos de abusos sexuales que están salpicando a diversas diócesis del mundo y que en España han tenido como epicentro la Diócesis de Astorga, con tres denuncias (dos ya resueltas con el confinamiento de Ramos Gordón en un convento durante diez años) y otra pendiente de resolución, han obligado a la reacción de la Conferencia Episcopal. En el comunicado hecho público ayer por el máximo órgano de los obispos que preside el titular de Valladolid, monseñor Blázquez, se afirma que la Iglesia "asume el compromiso de cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio; proteger a todos menores y adultos vulnerables; crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso".

Y lo hará "procurando ofrecer un cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso; y procurando ofrecer asistencia y apoyo pastoral, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable".