Los agentes medioambientales de la Junta reclamaron hoy un incremento en el número de efectivos, que tendría que aumentar hasta 900 en toda la comunidad, que permita "desterrar las anacrónicas patrullas unipersonales", tras la agresión sufrida el pasada 7 de octubre por un agente que prestaba servicio en la pedanía leonesa de Rucayo y que fue atacado con un hacha.
Sendas concentraciones ante las delegaciones territoriales del Gobierno autonómico en Ponferrada y León sirvieron para mostrar la "repulsa" del colectivo ante esta agresión y pidieron una "revisión íntegra" del protocolo de violencia externa que opera en Castilla y León.
En ese sentido, el portavoz de los agentes en Ponferrada, Julián García, exigió que se elabore un protocolo real de actuación, en el que participen los representantes de los profesionales, y que termine plasmando en un documento los recursos mínimos y las pautas de acción de éstos ante una situación de riesgo.
Al respecto, los agentes pidieron a la Administración que lleve a cabo un análisis de las situaciones riesgo a las que deban enfrentarse los agentes y que ponga en marcha una política de "tolerancia cero ante casos de violencia".
En la misma línea, criticaron el sistema analógico de emisora simple que opera en Castilla y León y reclamaron que se pongan en funcionamiento "tecnologías del siglo XXI" en lo relativo a las comunicaciones y a la geolocalización de los efectivos. Por último, lamentaron no disponer del necesario "apoyo institucional" por parte de las autoridades.
La principal reivindicación de los agentes pasa por un incremento de la plantilla prevista en la Relación de Puestos de Trabaj0 (RPT) de la Junta, hasta los 900 efectivos en la comunidad, lo que permitiría, explicaron fuentes sindicales, poner en marcha los "imprescindibles" servicios en pareja.
