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"Si hubiera sido ahora, está bajo rejas". Es la escueta pero contundente reacción de la víctima zamorana que ha conseguido probar la reincidencia de José Manuel Ramos Gordón en los abusos sexuales y violaciones a menores, en este caso cuando era educador en el Colegio Diocesano Juan XXIII de Puebla de Sanabria. Aunque es la segunda sentencia canónica contra quien fuera párroco de Tábara durante 26 años -desde 1990 hasta que fue apartado en julio de 2016-, los hechos ahora juzgados ocurrieron antes de los de La Bañeza, donde fue destinado tras salir de Puebla.

Conocido en el centro sanabrés entre los estudiantes como "Chema", la revelación del caso de La Bañeza no sorprendió a muchos de los antiguos alumnos que, en declaraciones a este diario, manifestaron que los tocamientos y abusos de Ramos Gordón con ciertos estudiantes (todos ellos internos) era un "secreto a voces". Las primeras reacciones eran coincidentes a la hora de apuntar al pederasta, pero únicamente un alumno zamorano, que estuvo interno entre los cursos 1981 a 1984, materializó una denuncia, tanto en el Obispado de Astorga como en el Vaticano. En la misma pedía responsabilidad contra el sacerdote y que se extendiera a los que "encubrieron los abusos sexuales, como cómplices de un delito que era de dominio público en el colegio y en las localidades limítrofes".

Al igual que ocurriera con el caso de La Bañeza, ninguno de esos supuestos encubridores es cuestionado ni condenado por los hechos, aunque las investigaciones hayan tenido en cuenta testimonios de educadores y compañeros de Ramos Gordón en las dos etapas educativas donde ha quedado demostrado que se produjeron abusos sexuales.

Por ello, el ex alumno del Juan XXIII no duda en calificar de "insuficiente y decepcionante" la decisión de privar a su abusador diez años en el ejercicio público como sacerdote -que no en el privado-. Y así se lo comunicó personalmente al obispo de Astorga cuando le citó para comunicarle el resultado de la investigación. Un encuentro que, singularmente, tuvo lugar la semana pasada en la casa sacerdotal de Tábara (donde el pedófilo ejerció como párroco), hasta donde se desplazó Juan Antonio Menéndez para entregar a la víctima el decreto con la resolución.

Allí le pidió perdón por lo sucedido, al igual que lo manifestó ayer públicamente durante su comparecencia en el Palacio Episcopal de Astorga. "En comunión con el Santo Padre Francisco, manifiesto, una vez más, mi firme condena y repulsa de hechos tan execrables y vergonzosos al mismo tiempo que reafirmo mi decisión de luchar contra estos delitos por todos los medios legítimos", manifestó Juan Antonio Menéndez en la lectura del comunicado.

Y se remitió a las palabras de la reciente carta del Papa al Pueblo de Dios: "Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse". Pidió a todos los fieles de la diócesis de Astorga, sacerdotes, consagrados y laicos que "acompañen el dolor y el sufrimiento de las víctimas de los abusos con la oración y la penitencia y pidan una verdadera conversión para el sacerdote que cometió tales delitos". Tras insistir en la "tolerancia cero", el prelado confesó que siente un "dolor muy grande; en nuestra diócesis han trabajado en los últimos años unos 600 sacerdotes y lo han hecho con honradez, entrega y generosidad".