El plan municipal de obras que concede este año la Diputación Provincial de Zamora llegará a todos los municipios de la provincia menores de 2.000 habitantes excepto a nueve que no fueron capaces de presentar la solicitud dentro del plazo fijado por la institución provincial, seis de ellos de Tierra de Campos, uno de Aliste y dos de Los Valles. Esta convocatoria bianual es la principal fuente de ingresos para la ejecución de obras en los pueblos pequeños, que casi siempre destinan el dinero a cosas tan necesarias como el abastecimiento de agua o la pavimentación de algunas calles.
Cinco de los pueblos terracampinos excluidos por no cumplir el plazo presentaron una alegación conjunta argumentando que no pudieron celebrar plenos para aprobar sus proyectos dentro del periodo fijado por la Diputación debido a que la plaza de secretario-interventor que comparten todos estos ayuntamientos se encontraba vacante en ese momento, y recuerdan que llegaron a solicitar ayuda al Servicio de Asistencia a Municipios de la institución provincial, pero la comisión que evaluaba las solicitudes y alegaciones decidió por unanimidad rechazar el escrito. Se trata de Villárdiga, San Martín de Valderaduey, Quintanilla del Monte, Cotanes del Monte y Tapioles, cinco pueblos que suman poco más de 500 habitantes entre todos. El sexto pueblo de la comarca excluido por no presentar la solicitud a tiempo es Quintanilla del Olmo, que tampoco presentó alegaciones tras conocer que la ayuda había sido denegada.
Asimismo, el Ayuntamiento de Villanueva de las Peras (Los Valles), de 88 vecinos, tampoco pudo celebrar el pleno extraordinario para la aprobación del proyecto por carecer de secretario algo "por todos conocido", según argumentan en las alegaciones presentadas tras la denegación y rechazadas por los técnicos de la comisión. En dicho escrito de alegaciones el Consistorio sayagués recuerda que se solicitó un secretario a la bolsa de empleo, que estaba vacía, por lo que consideran que "hemos puesto los medios para poder tramitar la correspondiente subvención según nuestras posibilidades".
Otro municipio que se ha quedado sin el dinero para obras por no presentar la solicitud a tiempo es San Vitero (Aliste), de 543 habitantes, cuyas alegaciones también han sido rechazadas, y el noveno es Santa María de Valverde (Los Valles), que no alegó nada, con 60 empadronados.
Los nueve ayuntamientos -seis gobernados por el PP y dos por el PSOE- tendrán que esperar a la bianualidad 2020-2021 para volver a solicitar los planes municipales de obras. Los municipios que si recibirán el dinero suman 481 núcleos de población y un total de 85.544 habitantes, el 47% de la población de la provincia, que se repartirán casi 11 millones de euros -10.972.076,54 euros-, una media de 128 euros por habitantes. En el caso de los ayuntamientos con más de un núcleo de población, deberán repartir el dinero entre todos sus pueblos.
En la mayoría de los casos, los ayuntamientos han decidido destinar ese dinero a obras de pavimentación o a cambiar las tuberías de la red de abastecimiento. El suministro de agua potable es uno de los principales problemas de la Zamora rural, y por eso otros también han optado por arreglar sus depósitos. Como excepción, varios pueblos que ya tienen cubiertas esas necesidades construirán salones sociales o destinarán la subvención a otro tipo de obras. Es el caso de San Esteban del Molar que construirá una marquesina en la plaza de las Escuelas; San Cebrián de Castro, que pretende culminar la obra del comedor de la tercera edad; Villanueva de Azoague que adaptará un edificio para utilizarlo como albergue de peregrinos; Viñas de Aliste, que reparará la torre del reloj del antiguo Ayuntamiento o Alcañices, que destinará una parte del dinero a continuar con la obra del auditorio municipal e invertirá la mayor parte en obras de pavimentación y saneamiento en Alcañices, Alcorcillo, Santa Ana y Vivinera.
Los cuatro municipios más grandes de la provincia de Zamora, la capital, Benavente, Toro y Morales del Vino, estaban excluidos por las bases de la convocatoria, dirigida solamente a pueblos con menos de 2.000 habitantes, algo de lo que se han quejado los alcaldes de Benavente, Toro y Morales.