El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia publicada en septiembre de 2017 por el Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Zamora, que consideraba que el Ayuntamiento de Roales no incumplía el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Zamora cuando sistemáticamente devolvía las facturas giradas por la capital en concepto de los servicios de saneamiento de sus aguas residuales.
Por lo tanto, la capital no podrá cobrar por ahora los 3,1 millones de euros reclamados en la demanda puesta en 2013, cuando todavía era alcaldesa Rosa Valdeón, aunque esta nueva sentencia aún puede ser recurrida al Tribunal Supremo. Esa supuesta deuda se dividía en realidad en dos cantidades: 2,3 millones de euros por el saneamiento de las aguas de Roales entre 2004 y 2008, y cerca de 800.000 euros más correspondientes al periodo de 2009 a 2013.
La estación depuradora construida por la Junta de Castilla y León para Zamora y su alfoz entró en funcionamiento en 2004 bajo gestión del ayuntamiento de la capital, que externalizó el servicio a una empresa privada. Roales del Pan vertía en ella a través del arroyo de Valderrey las aguas negras procedentes de sus viviendas e industrias, pero nunca pagó por el servicio. En 2008 Rosa Valdeón y el entonces alcalde de Roales, Miguel Ángel Martín (ambos del PP), frimaban un convenioMiguel Ángel Martín en el que Roales aceptaba que Zamora gestionara la depuradora y establecía determinadas condiciones para medir el caudal vertido a Valderrey; por otro lado, Roales se comprometía a pagar una deuda pendiente por los servicios prestados hasta ese momento en diez cuotas anuales a lo largo de la siguiente década. Sin embargo, el Ayuntamiento de Roales siguió devolviendo los recibos y en 2013 el Ayuntamiento de Zamora decidió poner una demanda por incumplimiento del convenio.
La situación no cambió hasta 2015, después de que cambiara el color político en ambos Consistorios y Francisco Guarido y Berna Miguel llegaran a un segundo acuerdo para instalar nuevos medidores; así, Roales empezó a pagar por la depuración de las aguas vertidas a partir del 1 de enero de 2016, y lo anterior quedó en el aire, a expensas de lo que determinaran los tribunales. El fallo emitido el año pasado en primera instancia consideraba que el único punto incumplido por Roales fue el de vigilar la carga contaminante de sus empresas -algo que se empezó a hacer, poco a poco, a finales de 2015- , pero no condenaba a este municipio a pagar nada de lo reclamado por Zamora.
Ahora el TSJ desestima el recurso de apelación del consistorio capitalino, llega a las mismas conclusiones que el primer tribunal y es aún más claro cuando explica por qué el Ayuntamiento de Zamora también incumplió el convenio al emitir facturas basadas en sus propias mediciones. El texto firmado por Valdeón y Martín decía que las mediciones del caudalímetro de Valorio se realizarían bajo supervisión de las dos Administraciones y, sin embargo, "se han verificado exclusivamente hasta casi el final solo por técnicos y personal del Ayuntamiento de Zamora o de su concesionaria", y por lo tanto Zamora "no dio oportunidad de colaborar e intervenir al otro interesado". La sentencia también argumenta que como el caudalímetro estaba situado en el término municipal de Zamora, era obligación de este Ayuntamiento tomar la iniciativa de comunicarse con el de Roales para avisar de cuándo se iban a realizar las mediciones. Además, considera "discutible" la "conveniencia" de que el caudalímetro estuviera situado en el bosque de Valorio, a cinco kilómetros del término municipal de Roales, porque puede entrar agua de otra procedencia -aunque las partes acordaron en el convenio de 2008 que estuviera allí-, por lo que asevera que "cabe entender que se exigen pagos por aguas que no vierten desde su término y sí desde el de Zamora, y a cuyo abono no puede resultar obligada por el convenio", ya que los mecanismos de corrección establecidos en el convenio han sido incumplidos "sistemáticamente" por la capital.
En cuanto a la reclamación de la deuda previa a 2008, la sentencia reconoce que el convenio "no deja duda alguna de la obligación asumida" por el Ayuntamiento de Roales, aunque señala que como la cantidad que debe pagarse no se concreta en ese documento, tampoco se puede "dejar en manos de uno de los dos interesados la determinación de la deuda", por lo que el comportamiento de Roales al no empezar a pagar esa deuda "está amparado por el ordenamiento jurídico".
El pasado mes de febrero Guarido volvía a reclamar los 3,1 millones de euros amenazando con suspender el convenio de 2008 si Roales no comenzaba a pagar a razón de 50.000 euros cada dos meses. Tras esta sentencia, parece que al alcalde de Zamora no le quedará más remedio que sentarse a negociar esa cantidad con Roales o volver a los tribunales para cobrar, bien mediante un recurso de apelación al Supremo o bien con una nueva demanda que no se base en un supuesto incumplimiento del convenio de 2008.
