La Alianza UPA-COAG denuncia que, de aprobarse los actuales Presupuestos Generales del Estado, los agricultores de Castilla y León pagarán 14,75 millones de euros más al año por repostar gasóleo con su maquinaria, de los que 1,5 corresponderían a los profesionales del campo de la provincia zamorana.

Esta imposición, que se haría efectiva a partir del 1 de enero de 2019, es una de las medidas que el Ministerio de Hacienda quiere poner en marcha y supondría que Castilla y León pasara a ser una de las regiones con mayores subidas de impuestos.

Con la reforma tributaria, el nuevo gravamen de tramo autonómico generará un incremento para los usuarios de nuestra región de 4,8 céntimos de euro el litro de carburante, que habrá que sumar a los 2,4 que se vienen aplicando hasta la fecha pasando. Así pues, a partir de primeros de año, el sobrecoste será de 7,2 céntimos de impuestos especiales.

Según las estimaciones de la Alianza UPA-COAG, esta medida impositiva supondrá de media a cada agricultor de Castilla y León un gasto adicional de 480 euros por explotación y año, tomando como referencia el consumo medio de 10.000 litros anuales de combustible. Esto se traduce en una factura de 14,75 millones de euros en el global de la Comunidad Autónoma considerando los aproximadamente 307 millones de litros de gasóleo agrícola que se vienen consumiendo anualmente en el conjunto de la región.

El incremento es especialmente gravoso para sectores, como el agrario, que requieren de su consumo a nivel profesional, por lo que este coste incidirá negativamente en la rentabilidad de cada explotación y profundizará en la crisis provocada por los precios en origen tan bajos soportados en el sector agrícola y ganadero, según denuncia UPA-COAG.